Desde hace algunos días, son varias las voces que plantean, de forma más o menos velada, la posibilidad o conveniencia de que el Rey Felipe VI no firme el Real Decreto que acuerde la concesión del indulto a los políticos catalanes presos por haber cometido delito de sedición y malversación de fondos públicos, entre otros, en relación con los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017.

Resulta sorprendente que el mismo Pedro Sánchez que aseguró que el proceso judicial seguido ante el Alto Tribunal se había desarrollado “con plenas garantías y absoluta transparencia” y que garantizó el “íntegro cumplimiento de la sentencia”, proponga ahora el indulto para unos condenados que no solo no han pedido perdón ni se han arrepentido de sus gravísimos delitos, sino que aseguran que lo volverían a hacer, anhelando volver a llevar a los catalanes al límite de un enfrentamiento civil.

Pero volvamos al tema de este artículo, ¿realmente puede el Rey negarse a firmar el Real Decreto que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros concediendo el indulto a los políticos sediciosos y malversadores? Este mismo domingo, Isabel Díaz Ayuso, en unas desafortunadas e inoportunas declaraciones, puso sobre la mesa esta pregunta.

La respuesta es evidente y no admite discusión: el Rey firmará los indultos. Aunque la Constitución atribuye el derecho de gracia al Jefe del Estado, la realidad es que los indultos los aprueba el Consejo de Ministros mediante Real Decreto y cualquier Real Decreto va firmado por Su Majestad el Rey, con el preceptivo refrendo del Presidente del Gobierno o del Ministro que asuma esa responsabilidad.

Por lo tanto, desde Qveremos entendemos que se debe sacar al Rey de este debate. Felipe VI no dispone de discrecionalidad para decidir si firma o no esos indultos, está obligado a ello, aunque le pese. En este sentido, nos parece muy ilustrativo un artículo publicado por el Vocal del CGPJ D. José María Macías Castaño que reproducimos parcialmente por su interés y claridad:

“Recientemente, he oído planteamientos que pasan por pretender que el Rey no firme los indultos. No puedo dejar de afirmar que no es que no comparta esas propuestas, que no las comparto, sino que, mucho más aún, me horrorizan. Frente a unos indultos cuya constitucionalidad puede resultar controvertida, lo que no cabe de ninguna manera es pretender que el Jefe del Estado se sustraiga a la Constitución que lo legitima y que actúe al margen de ella. Entiendo que es obvio que eso no va a pasar, pero no deja de preocuparme que haya quien cometa el error de tensionar la institución que simboliza la unidad y permanencia del Estado que se quiere proteger. En estos momentos, la defensa del Rey es la defensa del Estado, y la prudencia exigible a quienes aludan al Rey en estos momentos de crisis ha de ser mayor cuanto mayor sea la responsabilidad pública de quien pretenda involucrarlo en cualquier planteamiento, incluso aunque el planteamiento no pase de ser un flatus vocis en un momento de exaltación. Lo prudente, lo razonable, lo sensato bajo cualquier perspectiva, jurídica o política, es abstenerse de esos planteamientos.

El Rey firmará los indultos, con independencia de lo que piense o pese a lo que piense. No se ganará el aprecio de los indultados ni de quienes los apoyan a pesar de que su firma simbolizará la más que rotunda generosidad del Estado. No creo que nadie tenga dudas al respecto. Tampoco de quienes, sin ser los indultados ni sus apoyos, promueven los indultos dentro de su propia táctica política, electoral… o lo que sea. Tengo por seguro que el Rey padecerá la incomprensión de quienes opinen que los indultos son una burla al estado de derecho. En mi caso, no diré que, con la firma de los indultos, el Rey se vaya a ganar mi aprecio: ya lo tenía de antes. Pero sí justificará mi confianza en que, mientras el Jefe del Estado se mantenga fiel a la Constitución que demasiada gente, con demasiada responsabilidad, parece ignorar, nuestra Nación seguirá teniendo esperanza de futuro”.