En los próximos meses la oposición al gobierno arremeterá contra lo que ellos consideran “el austericidio” cometido por el PP. Es un mensaje que ha calado en parte de la sociedad (y en algunos miembros del Gobierno), pero que no tiene base alguna: en 2015 el déficit público fue de 56.000 millones de euros. Y esto a pesar de ser un año con fuerte viento de cola en la economía, gracias a unos tipos de interés por los suelos, un euro débil, un precio del petróleo bajo y un record absoluto de turistas. A pesar de todo ello fue imposible cuadrar las cuentas. Lo mismo va a ocurrir en 2016.

Las administraciones españolas gastaron en 2015 un 12% más de lo que ingresaron: como el déficit de las administraciones es una bola que nunca deja de crecer, la deuda pública está ya por encima del 100% del PIB, y al año el Estado tiene que pagar más de 33.500 millones de intereses por su deuda, en lo que es la segunda partida de gasto más grande tras las pensiones.

Es cierto que ha habido recortes: en inversión, en ayudas sociales, en servicios básicos (como la limpieza de calles o las prestaciones sanitarias). Se han reducido en definitiva los gastos “sencillos” de recortar, pero sin meter mano a:

1. Las estructuras políticas del Estado Autonómico, que no guardan ninguna racionalidad económica.
2. A la necesaria reforma del personal al servicio de las administraciones, para ajustar su número a las exigencias de la realidad actual (especialmente en los ámbitos autonómicos y locales), e implementar mejores medidas de evaluación del desempeño y de la productividad.
3. Al imprescindible replanteamiento de qué servicios deben ser prestados por el Estado y cuáles no.
4. Al todavía bajo nivel de externalización de los servicios públicos, aspecto clave en muchos casos para mejorar la calidad y abaratar la factura que pagamos todos.

…lo que sí se ha hecho es subir los impuestos, exprimiendo a las familias hasta dejarlas sin capacidad de ahorro.

El futuro económico a medio plazo no es halagüeño: i) La falta de niños nos lleva irremediablemente a una situación de estancamiento, en la que las pensiones se verán reducidas drásticamente y el poder adquisitivo general disminuirá. ii) La reducción de la tasa de paro a niveles pre-crisis será muy difícil en este entorno, entre otras cosas porque se compone principalmente de mano de obra poco cualificada (tanto españoles como inmigrantes).

El Banco Central Europeo –lo que sucede en España es también endémico a Francia e Italia- trata a toda costa de mantener al enfermo vivo con inyecciones de liquidez que buscan crear inflación y así recortar la deuda en términos reales. El problema es que esto está dando lugar a una burbuja sin precedentes en la renta fija (y por consiguiente en la bolsa), por el que los inversores tienen que llegar a “pagar” por financiar a los Estados, acabando con el binomio “rentabilidad-riesgo” clave para un sistema financiero sano.

Cuando los inversores (léase tu fondo de pensiones, la aseguradora que invierte las primas que le pagas, o el banco que invierte tus depósitos…) comprueben que algunos Estados sencillamente no pueden hacer frente al pago de su deuda, se cerrará el grifo de la financiación “gratis” y algunos Estados se tendrán que declarar en quiebra, sin poder hacer frente a sus gastos corrientes. Por supuesto las pérdidas de los inversores serán dramáticas.

El ejemplo de Grecia es paradigmático: cuando un Estado se lanza a un gasto descontrolado acaba en una situación en la que ni siquiera es soberano, y un gobierno populista de extrema izquierda se ve obligado a recortar las pensiones hasta un 30%.

Esta es la realidad. Pero los políticos cortoplacistas prefieren sencillamente negarla. Cuando el sistema colapse serán otros los que tengan que responder. Por desgracia puede que el sistema colapse antes de lo que ellos creen, y su inacción en estos años aumente el sufrimiento de todos los españoles.