Llevamos ya días escribiendo sobre el accidente ferroviario en Adamuz. Otra gente, desde los más influyentes creadores de opinión hasta el tuitero más anónimo, también le da vueltas. Es posible que acabemos fatigando al lector, pero es el propio lector quien debe luchar contra las ganas de pasar del tema, ya que a eso juega el Gobierno: a tapar un escándalo con el siguiente, a aguantar y a ignorar cualquier presión mediática, escrúpulo moral o investigación judicial con el convencimiento de que la opinión pública irá haciendo callo y en la próxima cita electoral todo será irrelevante. ¿Recuerdan cuando Maxim Huerta dimitió porque había utilizado una sociedad instrumental? Ahora, ni siquiera la apertura de judicio oral contra un Fiscal General del Estado lo hace dimitir, y el Gobierno no espera ni a que se seque la tinta de la sentencia para preparar el indulto. Por eso seguimos con Adamuz.

ADIF es la entidad pública empresarial encargada de la administración del sector ferroviario. Como entidad dependiente del Ministerio de Transportes, fue uno de los primeros sitios donde desembarcó la tropa de Ábalos: su expresidenta Isabel Pardo de Vera (hermana de la periodista Ana, directora corporativa de “Público”) está siendo investigada en el marco del caso Koldo-Santos Cerdán-Ábalos (debería ser “caso Sánchez” o “caso PSOE”). Recordemos que muchos de los hechos investigados consisten llanamente en la adjudicación de jugosos contratos públicos a empresas que no eran seleccionadas por ofrecer un servicio o producto de mejor calidad que sus competidores, sino porque pagaban la correspondiente mordida a los políticos del PSOE.

Y la tragedia de Adamuz ha revelado que esta corrupción puede costar vidas. Resulta que ADIF, que tenía dinero para adjudicar contratos a empresas subóptimas, no lo tenía para comprobar por sí misma el estado de las vías. Resulta que ADIF adjudicó el suministro de balasto a una empresa no certificada donde “trabajaba” (más bien, estaba en nómina) la mujer de Koldo. Resulta que la presidenta de ADIF estaba más preocupada por la mordida que le tocaba que por el sistema ferroviario. Resulta muerte. Y el ministro Puente dice que no se podía haber hecho más después del accidente. Como si el problema no fuera lo que hicieron antes, lo que posiblemente lo causase.

La ejemplaridad pública que debemos exigir a los gestores públicos no es, pues, solo cuestión de moral y de la virtud de la vida de la polis, sino que, como hemos visto en Adamuz, tiene consecuencias directas en nuestras vidas. Y mientras, a Marisú lo único que le importa es salir en la foto.