El 9 de mayo se iniciará en Baleares la preinscripción para el curso escolar 2016-2017. Treinta mil niños se incorporarán al sistema educativo balear y ninguno podrá ser escolarizado en español. Y sí, por extraño que parezca a la luz de la información anterior, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, forma parte del Estado Español.

El hecho insular, además de desventajas evidentes, proporciona cierta invisibilidad en temas, generalmente de actualidad. Por ejemplo: la cuestión lingüística se relaciona con Cataluña y tangencialmente, con el País Vasco, Galicia o la Comunidad Valenciana, pero no con las Baleares. En cualquier caso, cabe decir que la mayor parte de la opinión pública ha descubierto el problema ante el que se encuentran los castellanoparlantes, que viven en Cataluña, sólo cuando se ha puesto en marcha, de manera formal, el llamado “procés”. De manera que se ignora, que el hecho de que gran parte de los catalanes consideren normal o, más bien, se resignen a la inmersión lingüística y a la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en español, no es un fenómeno que haya tenido lugar de un día para otro, sino que ha necesitado de una acción decidida y continuada, a lo largo de los 30 últimos años, en los que nada ha ocurrido por casualidad. Una acción que se ha podido llevar a cabo, ante la indiferencia del llamado “gobierno central” que, por convencimiento, comisión u omisión, ha dejado que varios derechos constitucionales, no fuesen de aplicación en algunos territorios de España.

El caso balear, aunque cuenta con algunas características diferenciadoras, parte de la misma premisa y llega a consecuencias semejantes a las de Cataluña. Y todo ello, sin necesidad de un partido nacionalista hegemónico como CiU, sino, por el contrario, con una presencia parlamentaria de los partidos nacionalistas o separatistas, no superior al 9 %, por lo que la implantación de un modelo lingüístico excluyente, como el que encontramos en la actualidad, parece difícilmente explicable.

La “normalización lingüística” y la “lengua propia” son algunos de los conceptos con los que se ha sorteado la legalidad constitucional, incluso antes de que fuesen incluidos en el corpus legal de la Comunidad. Por “normalización lingüística” se entiende el proceso mediante el cual, una de las lenguas cooficiales –considerada como la “propia” de la Comunidad- y que por la presión del castellano ha sido históricamente “minorizada” (concepto propio de la sociolingüística militante) debe volver a estar presente en todos los ámbitos de la sociedad: en la escuela, en la Administración, en los medios de comunicación, en la Cultura, en la rotulación comercial, en la señalización, etc. Para que ello ocurra, el español –lengua, aunque cooficial, considerada “impropia” – debe ser relegada, aun a costa de conculcar la legalidad constitucional.

A pesar de esa situación de excepcionalidad legal, y a pesar de los ingentes recursos económicos y personales, destinados al proceso de normalización, la realidad se acaba imponiendo, y muestra que es imposible que la lengua “propia” de las Islas –llamada catalán en el Estatuto de Autonomía- pueda imponerse, en los usos sociales, al español. Y como eso es así, a falta de otros argumentos, el proceso de normalización –y con él, el de excepcionalidad constitucional- se mantiene en el tiempo, sin establecerse ningún hito tras el que considerar que la normalización puede darse por concluida y, con ella, la mencionada excepcionalidad.

Pero hay algunos sectores en los que sí se ha conseguido imponer una realidad paralela y en los que el monolingüismo sí es posible: la Educación y la Administración.

Si la Ley de Normalización Lingüística (20/05/1986) fue el pistoletazo de salida para el proceso al que me refiero en las líneas anteriores, el Decreto de Mínimos (17/07/1997) fue el paraguas legal con el que justificar la inmersión lingüística en las aulas. En teoría, con dicho decreto _aprobado, como la Ley de Normalización Lingüística, bajo el gobierno del PP- se pretendía asegurar que en ninguna escuela pública (o sostenida con fondos públicos) la lengua catalana estuviera presente en un porcentaje menor al 50%. La realidad es que, del mismo modo que se establecía ese mínimo, no se disponía cuál debía ser el máximo, de manera que la puerta quedaba abierta para que la enseñanza se impartiera en un porcentaje del 100% en catalán.

Muy probablemente, cuando los dirigentes del PP impulsan y aprueban tanto la Ley de Normalización como el Decreto de Mínimos, lo hacen pensando en que nunca va a gobernar la izquierda nacionalista y que, aunque eso ocurra, no va a llegar a los límites que permiten los textos de las leyes. Pero se olvidan de algo sumamente obvio: los nacionalistas no engañan acerca de sus intenciones y si se les dan los medios para conseguir sus objetivos, simplemente los utilizan.

En el caso de la Educación, hablaba al principio de lo sorprendente de que en una Comunidad como la de las Islas Baleares, con un porcentaje medio de representación parlamentaria nacionalista, a lo largo de los últimos treinta años, no superior al 9%, se hubiese conseguido la inmersión lingüística en catalán en las escuelas. La razón está en la presencia hegemónica del nacionalismo y el separatismo, en el mundo educativo. Lo son el sindicato mayoritario, la confederación de asociaciones de Padres y Madres, el sindicato de alumnos, y también los sindicatos de ámbito nacional como UGT o CCOO, en el caso de la enseñanza. Por otro lado, cierto nacionalismo también está presente, en la Escuela Católica, organización mayoritaria dentro del ámbito de la escuela concertada.

Ello ha supuesto, no sólo el adoctrinamiento impune en las aulas, por parte de profesores y equipos directivos, con vínculos estrechos con entidades separatistas, sino también, que cualquier intento de revertir ligeramente la situación, se haya saldado con manifestaciones y huelgas masivas, y la conculcación de los derechos individuales de los alumnos no partidarios de las tesis de sus profesores.

En la legislatura 2003-2007, el PP intentó introducir un modelo de enseñanza trilingüe, con un resultado insignificante. En 2011-2015, con el PP otra vez en el Gobierno, se volvió a intentar la enseñanza trilingüe, a fin de compensar la enseñanza en catalán, con un tercio en castellano y otro tanto en inglés. Lógicamente, el sector educativo nacionalista entendió que ese reparto, además de introducir el español, limitaba las horas de enseñanza en catalán, y aunque nadie negaba –en teoría- las bondades del aprendizaje en inglés, no iba a permitirse ni un paso atrás en la enseñanza monolingüe en catalán. Tampoco gustó que se pretendiese dar libertad a los padres para elegir la lengua de la primera enseñanza (tal como establece la UNESCO). Este tímido intento con el que favorecer, a la postre, la legalidad constitucional, se saldó, en cuanto la izquierda nacionalista volvió a hacerse con el poder, con la derogación inmediata de las normas que regulaban ambas cuestiones.

Pero el 9 de mayo, cuando los padres inscriban a sus hijos, además de hacerlo sin posibilidad de elección de lengua vehicular, se encontrarán con un impreso en el que deben señalar con una equis lo siguiente: “Conozco y respetaré el proyecto educativo y el proyecto lingüístico de los centros que he seleccionado”. No porque los proyectos lingüístico de los centros difieran, sino para evitar la tentación de algún padre de solicitar, más adelante, que su hijo sea escolarizado en español.

GARI DURÁN VADELL, DOCTORA EN HISTORIA ANTIGUA Y EXSENADORA DEL PP