Después del último órdago de los políticos nacionalistas y su decisión de convocar unilateralmente el referéndum secesionista, sin importarles el precio que los catalanes tengan que pagar por ello, como dice el viejo aforismo romano, “la suerte (de España) está echada”. ¿Cuáles son las alternativas de las que dispone el Estado para responder a este órdago?

La primera alternativa, por la que parece se decanta el Gobierno: aplicar la legalidad strictu sensu. El Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios serían los que dirimirán las posibles responsabilidades en que hubieran podido incurrir las instituciones catalanas y los políticos separatistas. La actuación del Gobierno se limitaría, por tanto, a dar las oportunas instrucciones a la Abogacía del Estado para que impugne aquellas normas jurídicas o resoluciones administrativas que entiendan que infringen la Constitución o el resto del ordenamiento jurídico, en especial, el ordenamiento penal. Por su parte, el Ministerio Fiscal promoverá la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley.

Optar por esta alternativa, sólo se explicaría bien porque el gobierno entienda que la convocatoria de un referéndum secesionista no constituye un incumplimiento grave de las leyes y de la Constitución española, o bien porque existan otros motivos de oportunidad o de tacticismo político que, a juicio de este, aconsejarían renunciar al mecanismo del artículo 155 de la Constitución y optar por una vía de “perfil bajo” para no alimentar el victimismo de los nacionalistas. Esta parece ser también la posición política defendida por la oposición.

Sin embargo, a nadie se le escapa que el desafío nacionalista, convocando un referéndum independentista, vulnera palmariamente el principio de la soberanía nacional y pone en grave peligro la unidad e integridad territorial de España, por tanto, constituye un atentado gravísimo contra el interés general de España y un incumplimiento indiscutible de las obligaciones legales y constitucionales por parte de las instituciones autonómicas catalanas, que justificaría la aplicación del artículo 155 como ultima ratio dentro del sistema para resolver conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Y es que no es función del poder judicial solventar problemas de naturaleza política. Nuestro sistema judicial no está diseñado para la resolver conflictos políticos sino jurídicos, por eso los problemas políticos más relevantes -y qué duda cabe que un referéndum ilegalmente convocado que pretende la segregación de una parte del territorio nacional sin intervención de todos los españoles, lo es- requieren una solución de naturaleza política y no jurídica. La defensa de la soberanía nacional, de la unidad e integridad territorial, no puede quedar sólo en manos de los tribunales ordinarios o del ejercicio de acciones penales por parte de la fiscalía. El gobierno de la Nación debe tener una implicación activa en la solución de los conflictos políticos utilizando todos los medios que el ordenamiento jurídico y, por tanto, la Constitución pone a su alcance para resolverlos.

Así pues, creemos que lo más lógico sería aplicar el artículo 155. Y sin más dilación, pues dados los plazos de tramitación parlamentaria, no puede retrase más. Siendo una medida legal, es también una medida política de largo recorrido por su significación respecto de la autonomía reconocida en la Constitución a las Comunidades Autónomas. Hacer uso del artículo 155 supone enviar un mensaje claro al nacionalismo por parte del Gobierno de la Nación de que no se tolerará ningún ataque contra la soberanía nacional, la unidad y la integridad territorial de España, por ser estos principios o valores superiores de nuestro ordenamiento constitucional no susceptibles de transacción de ninguna clase.

El artículo 155 se diseñó por nuestros constituyentes como un mecanismo con el que dotar al Gobierno de la Nación de un instrumento legal ante los incumplimientos de las comunidades autónomas de sus obligaciones legales y constitucionales si estos atentaran gravemente contra los intereses generales de España, y constituye la ultima ratio para proteger uno de los principios estructurales de cualquier sistema de competencias descentralizado que es la lealtad institucional. No se trata de un artículo recogido en nuestra Constitución de forma caprichosa: i) responde a la necesidad que toda nación descentralizada tiene de protegerse de los incumplimientos más graves de la legalidad por parte de sus instituciones  políticas intermedias, pues en estos casos los mecanismos ordinarios de control de la legalidad a través de los tribunales ordinarios no funcionan adecuadamente; ii) su aplicación exige que el Gobierno justifique las razones por las que pretende utilizarlo ante el legislativo, en este caso, el Senado, que podría no aprobar su aplicación tras el correspondiente debate ante la Cámara.

Lo que parece una evidencia, es que la estrategia del no hacer nada que desde hace años practica el gobierno del Sr. Rajoy, luego seguida de un intento de acercamiento al mundo nacionalista basado en una política de permisivismo y de generosas dádivas que acallen las voces discrepantes, ha fracasado. Ante el desafío nacionalista que vive España sólo cabe ya adoptar medidas políticas contundentes que pongan fin al golpe de Estado que se está perpetrando con cierta anuencia de las instituciones de la nación, empezando por su gobierno y la oposición.

Frente a estas dos alternativas sólo quedaría la de permitir el referéndum que consumaría el golpe de Estado indisimulado que hay detrás de la estrategia nacionalista. Esta posibilidad no puede ser contemplada, ni por el gobierno ni por la oposición, porque supondría la ruptura de la legalidad constitucional mediante un procedimiento ilegal, constituyendo además un precedente en la política internacional y europea gravísimo, de consecuencias imprevisibles, que ningún gobierno occidental en su sano juicio puede admitir.

Pues bien, así las cosas, el problema de España está más en los políticos nacionales, gobierno y oposición, que en los nacionalistas, que siguen en lo mismo de siempre, por mucho que en ciertos momentos se presenten ante la opinión pública como víctimas del sistema. Por desgracia, es aquí donde nuestra desconfianza como españoles es máxima: primero, porque como señalaba hace unos días un viejo político catalán en una conferencia sobre “El fortalecimiento de España” (promovida por la Fundación Valores y Sociedad), nuestro actual gobierno es un gobierno de funcionarios de alto rango que no saben hacer política. Y la cuestión catalana no se resuelve sólo mediante la mera aplicación de la legalidad, sino que exige una solución política dentro de la legalidad, que deje claro a los nacionalistas que si no respetan las reglas del juego democrático la consecuencia es el cambio de esas reglas. Y segundo, porque la oposición sigue creyendo con una ingenuidad o buenismo que atenta contra el sentido común, que la cuestión catalana se resuelve con el reconocimiento de más prebendas a Cataluña, cómo si el objetivo del nacionalismo fuera que se definiera España como un Estado plurinacional de “naciones sentimentales” sin consecuencias jurídicas y políticas. Parece mentira que a estas alturas de la película algunos no se hayan percatado aún que al nacionalismo no quiere un encaje dentro de España, sino simple y llanamente la ruptura de la nación, y ante un órdago semejante sólo cabe soluciones políticas contundentes y no nuevas prebendas que alarguen el problema. Para el nacionalismo lo mismo da que España sea una dictadura o una democracia, una monarquía o una república, que se proponga un modelo territorial basado en el federalismo o en el autonomismo, no es un problema de encaje jurídico.

Y es que al nacionalismo no se le combate desde la inacción o mediante el reconocimiento de nuevos derechos y privilegios. Al nacionalismo se le combate mediante la denuncia de sus bases ideológicas, y aquí es donde las instituciones españolas desde la promulgación de la Constitución en el año 78 han fracasado estrepitosamente y han hecho una dejación de funciones alarmante, que ha llevado a un incremento exponencial de la población que se siente separatista, que en los años 70 no pasaba del 15% ó el 20% en Cataluña y que hoy se sitúa en torno al 50%. Todos sabemos que la raíz del problema está en la entrega a los nacionalistas de los medios de comunicación y la educación, sin embargo, parece que nadie quiere poner el cascabel al gato y asumir que mientras esto siga siendo así, el problema nacionalista en España seguirá persistiendo y cada vez con más virulencia. Lo mismo da que se reconozca la “España plurinacional sentimental y federal” que pretende la izquierda o la “constitucional y autonomista” de la derecha. El problema es otro y más complejo, y reside en el diseño que se hizo en la Constitución del Título VIII relativo a la organización territorial del Estado para granjearse el apoyo del nacionalismo vasco y catalán. Mientras dicho Título no sea objeto de reforma constitucional y se establezca con claridad en un sistema tasado la distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado, y siempre con una cláusula competencial residual a favor del Estado, el problema nacionalista subsistirá con virulencia porque tienen abierta la puerta para incrementar su nivel de independencia de forma progresiva.

El diseño del sistema autonómico basado en la célebre frase del Sr. Suárez “café para todos” ha resultado un intento fallido de solucionar el problema nacionalista, que ya no cabe resolver mediante un incremento progresivo de la autonomía de las regiones españolas a través de las transferencias y cesión de competencias, sino mediante su reforma en el sentido opuesto, lo que exige una cierta recentralización de las competencias cedidas o transferidas a las comunidades autónomas para garantizar no sólo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y libertades, sino también la unidad, la integridad territorial de España y la soberanía nacional del pueblo español. Tampoco creemos que el dotar a Cataluña de un estatus jurídico y político diferenciado al de otras regiones que reconociera una teórica singularidad histórica sea la solución al problema. Más bien provocaría una espiral de reclamaciones del resto de territorios que se sentirían agraviados y sería el cuento de nunca acabar. En definitiva, la solución al problema del nacionalismo catalán no pasa por diseñar una solución específica para Cataluña que dote a esta región de un estatus privilegiado, sino en construir un nuevo proyecto para España que haga recuperar a todos los españoles, incluidos los catalanes, su fe en las posibilidades de nuestra vieja nación, proyecto que, respetando todo lo que de bueno tiene el modelo autonómico, corrija las principales deficiencias del mismo. No cabe establecer entre españoles privilegios o diferencias de trato porque el imaginario histórico de los nacionalistas esté construido sobre la diferencia como punto de partida y no sobre la igualdad de derechos entre las personas.

Esperemos que, por una vez, el gobierno y la oposición olviden sus diferencias políticas y estén a la altura de las circunstancias, y comprendan que el nacionalismo constituye el mayor peligro para la unidad de España, para la democracia y para el sistema de derechos y libertades que disfrutamos desde la promulgación de nuestro texto constitucional, y que no existe más alternativa que combatirle con todos los medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las instituciones del Estado sin descartar, por supuesto, el artículo 155 de la Constitución.