La Constitución Española exige que los partidos políticos sean democráticos en su estructura interna y funcionamiento. Pero dicha exigencia no siempre ha sido entendida en los mismos términos, ni ha sido de igual aplicación entre todos los partidos políticos españoles. Ha sido la presión de la sociedad española, en su demanda de transparencia y representatividad, la que en los últimos años ha impulsado a todos los partidos a aumentar su democracia interna. Y así se han generado nuevos y más abiertos mecanismos de participación a los afiliados e incluso a los simpatizantes. De modo que, a día de hoy, los principales líderes políticos de nuestro país han sido elegidos mediante sistemas de primarias.

La excepción era el Partido Popular, que aún contaba con un líder, que había sido nominado presidente de su partido por el “dedo” de su predecesor. Allá por el año 2004, cuando José María Aznar renunció a su cargo de presidente del partido, decidió que su sucesor fuera Rajoy, en detrimento de otros ministros de su Gabinete, como Rodrigo Rato o Jaime Mayor Oreja.

En este contexto, y después de muchas presiones por parte de medios de comunicación, de militantes y de simpatizantes, el Partido Popular decidió incluir en sus normas internas un proceso de elección a presidente mediante un sistema de primarias. El sistema aprobado en el último Congreso del PP establecía un sistema de dos vueltas: una primera en la que votarían los afiliados que hubieran satisfecho sus cuotas, previa inscripción; y una segunda vuelta, en la que únicamente participarían los compromisarios, una especie de representantes de los afiliados, elegidos a su vez por estos últimos. Un sistema complejo, mejorable desde el punto de vista de la representatividad, pero perfectamente legal y con unas reglas del juego muy claras.

En estado de shock por el éxito de la moción de censura, con un sistema de primarias no ensayado previamente, y con un enorme miedo a la división interna, el PP esperaba que Núñez Feijóo (el único presidente autonómico del PP con mayoría absoluta) diera un paso al frente y se presentara para ser presidente del partido. Pero no fue así. El presidente gallego decidió quedarse en su tierra, por lo que se abrió un nuevo periodo, que provocó que hasta siete afiliados se presentaran a presidir el Partido, en un ejercicio que, en nuestra opinión, es un sanísimo ejercicio de democracia interna: ya era hora de que hubiese un proceso democrático en el PP para la elección del líder.

Y en este ejercicio, el pasado 5 de julio, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado fueron los dos candidatos más votados, con una diferencia de 1.500 votos y menos del 3% de sufragios de entre todos los votantes. Sin entrar a valorar si la distancia es mucha o poca, si el número de afiliados está “inflado”, o si el requisito de la inscripción complica la participación; lo único que es cierto es que ningún candidato cumplió las exigencias que las normas establecen para ser proclamado ante el Congreso como candidato único a la Presidencia del Partido: obtención de más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, que hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos, y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones.

En este escenario las normas establecen una segunda votación por parte de los compromisarios entre los dos candidatos más votados, por lo que sorprenden las reticencias de algunos a completar el proceso, tal y como está contemplado en la normativa interna del partido. Las normas eran claras desde el comienzo del “partido” y cambiarlas a la mitad no contribuye a mejorar la imagen del PP en la sociedad actual.

Además, este proceso ha de permitir trasladar a la sociedad que el PP es un partido vivo desde el punto de vista de las ideas, un partido en el que hay contraposición de visiones antropológicas, económicas y de la propia organización del partido. La de un partido en el que sus líderes, sus cuadros y el conjunto de sus miembros, tienen un proyecto político para España y para cada una de sus regiones y localidades.

Llegados a este punto, las apelaciones a la unidad son una forma de tratar de evitar el debate de ideas, que es lo que verdaderamente importa, y la única manera de regenerar el partido y volver a ilusionar a los electores, muchos de los cuales se han sentido traicionados por la aplicación en los últimos años de políticas que no han entendido o con las que han discrepado abiertamente.

Así, desde Qveremos creemos que es bueno para la sociedad y para el conjunto de los españoles que se plantee en el PP un verdadero debate de ideas en torno a cuestiones como las siguientes:

• ¿Qué visión tienen los candidatos de España y su unidad nacional? ¿Cómo gestionarían el desafío independentista? ¿Qué papel creen que debe jugar la Fiscalía General del Estado en dicho desafío?
• Desde el punto de vista competencial, ¿abogan por mantener el statu quo actual? ¿abogan por recuperar algunas competencias y en su caso cuáles? ¿piensan que sería bueno seguir transfiriendo competencias a las CCAA, como la gestión de la Seguridad Social o la política penitenciaria?
• ¿Qué opinan Sáenz de Santamaría y Casado sobre el marco impositivo en España? ¿Qué impuestos subirían o bajarían? ¿Crearían alguno nuevo o suprimirían alguno?
• ¿Cuál es su visión de la familia y la vida? ¿Están a favor o en contra, y en qué circunstancias, de la eutanasia, de la gestación subrogada o del aborto? ¿Piensan gobernar plegándose a los dictados e imposiciones del lobby LGTBI?
• ¿Creen que la Memoria Histórica es un concepto necesario más de 40 años después de la instauración de la democracia en España? ¿Piensan derogar o modificar la Ley aprobada al efecto por el Gobierno Zapatero (a pesar de que el Gobierno Rajoy no la cambiara)?
• ¿Qué opinan del mercado de trabajo? ¿Cuáles son sus prioridades para facilitar la contratación y reducir el desempleo en España?

No hacerlo -además de suponer una estafa para el afiliado y simpatizante, que sin duda alguna lo espera y lo exige- traslada a la sociedad el mensaje de que lo único que se vota es el cambio de sillas, pero que no se debate en profundidad sobre las bases ideológicas del partido. Que sólo importa cómo se hacen las listas, en detrimento de la necesidad de sentar las bases sobre las que reconstruir el partido en los próximos años.   

El PP ha representado la derecha en España desde, al menos, los años 90. Si no tiene lugar una renovación ideológica profunda tras este proceso, el partido corre el riesgo de dejar de ser el referente político de la derecha para muchos españoles. Si no recupera su ideario político primigenio, que podría resumirse en defensa de la unidad de España, liberalismo en el campo económico y defensa de la familia, será adelantado por el centro y la derecha por nuevas formaciones más dinámicas, creíbles y coherentes en sus convicciones. Sin renovación ideológica no habrá más que una agonía prolongada.

Es por ello que desde Qveremos abogamos porque haya segunda vuelta en el proceso de elección de presidente del Partido Popular, y que los dos candidatos puedan enfrentar sus programas y sus visiones sobre España y sobre el propio partido: sería muy sano que hubiera un debate entre los candidatos, que se buscaran fórmulas para dar respuestas a afiliados y simpatizantes, y que se crearan mecanismos de participación para la presentación de propuestas, etc. Todo ello en aras de la transparencia, de forma que los compromisarios puedan tomar decisiones en base al tipo de partido y de sociedad que cada candidato quiere.

Que el Partido Popular se parezca a sus bases es garantía de estabilidad y longevidad. Si se parece a lo que quieren sus élites será únicamente una estructura para obtener poder. Sin objetivos más allá. Sin capacidad de responder a lo que España realmente necesita.