Una oportunidad perdida para reformar España

El Partido Popular y Ciudadanos acaban de sellar un acuerdo de investidura basado en un pacto de mínimos. Si bien contiene algunos aspectos positivos que aplaudimos (aunque no dejen de ser tímidos progresos) como la reforma de la justicia, creemos que es una nueva oportunidad perdida.

España hace tiempo que ha dejado de ser un proyecto ilusionante de vida en común, para convertirse en una nación que sufre una profunda crisis ideológica y cultural; que se proyecta en una crisis de nuestras instituciones políticas y del modelo constitucional dibujado por la Constitución del 78.

La reforma que necesita España, si de verdad quiere afrontar de manera seria los problemas de fondo que padece, exige un cambio radical no sólo en la forma de hacer política, sino también un replanteamiento de las bases que sustentan el modelo constitucional previsto en la Constitución del 78. Dicho modelo ha quedado obsoleto en algunas cuestiones por el paso del tiempo, por su mala definición en su momento, o debido a las nuevas realidades y retos que la sociedad actual debe afrontar.

Por ello este pacto no es, en el mejor de los casos, más que un paño caliente para ir tirando durante un par de años más, y ya de paso, dar oxígeno a uno de los responsables políticos, el Sr. Rajoy, de esta crisis institucional y de principios que vivimos.

¿Qué nos gustaría ver en un acuerdo de gobierno?

Qveremos aspira a contribuir a la regeneración política y social de España recuperando el debate serio de ideas: convertir a España en la nación moderna y respetuosa con las libertades que todos deseamos, requiere la creación de consensos políticos y sociales de largo alcance sobre los temas verdaderamente cruciales.

Sistematizamos a continuación los 9 temas que consideramos clave comenzar a debatir en profundidad:

1. Vertebración de España, no sólo como proyecto histórico común, sino como garantía de la igualdad en ejercicio de los derechos y libertades de todos los españoles. Esto exige un replanteamiento de la organización territorial del Estado con el fin de que la prestación de los servicios básicos, en especial, la educación y la sanidad, no esté troceada entre las diversas Comunidades Autónomas; sólo así se puede garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles en todo el territorio nacional y evitar la utilización sectaria de la educación para infundir el desafecto hacia España.
2. Reforma de las administraciones bajo los principios de eficiencia administrativa y racionalidad. España no puede permitirse el lujo de continuar con múltiples administraciones territoriales sobrecargadas de personal e ineficientes en su acción, y que muchas veces ejercen sus competencias de forma duplicada sobre el mismo territorio. La consolidación fiscal de España pasa por un ajuste severo delmal-gasto público, no por nuevos impuestos.
3. Reforma profunda del sistema electoral y democratización de los partidos políticos con el fin de acabar con la brecha que separa a representados y representantes, y que es la causa del nacimiento de los nuevos partidos políticos que han emergido después de la reciente crisis económica sufrida por el país.  Así, se hace necesario en lo que respecta a las elecciones generales y, en concreto, para la elección de los diputados nacionales, establecer un sistema estrictamente proporcional, y en lo relativo a la democratización de los partidos, exigir por ley primarias obligatorias y listas abiertas en la elección de los representantes políticos.
4. Recuperación del prestigio de las instituciones fundamentales del Estado(Corona, Cortes Generales, Tribunal Constitucional …) por su función de garantes de la estabilidad de la nación.
5. Reforma de la justicia y del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia como poderes separados del ejecutivo y legislativo, lo que va más allá de la simple modificación en la forma de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, para introducir los principios de mérito y capacidad como criterios determinantes en el acceso y promoción de los jueces y magistrados, evitando toda forma de arbitrariedad en su elección. En cuanto al Ministerio Fiscal debe eliminarse su dependencia del gobierno de turno con el fin de que que ejerza con independencia las funciones que le atribuye la Constitución y las leyes.
6. Lucha contra la corrupción política a todos los niveles. De igual modo que hemos dicho antes, la lucha contra la corrupción exige algo más que medidas de cara a la galería pero poco eficaces en la práctica, como la renuncia a sus cargos de los imputados (o investigados) judicialmente. Es necesario incidir en un control a priori y no sólo a posteriori que impida que surja la corrupción, medidas tales como la mejora en los controles de legalidad de las administraciones locales (en especial, en ámbitos sensibles como la contratación administrativa y el urbanismo), o la reforma del Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador de las cuentas públicas y de los partidos, reconociéndole capacidad para exigir responsabilidades administrativas y para imponer sanciones por el mal uso del dinero púbico.
7. Reforma de la educación, basada en los principios de la excelencia y en el respeto al derecho de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos. En un Estado democrático, el Estado no puede imponer a los padres el modelo educativo ni servirse de este para imponer un modelo ideológico determinado.
8. Reforma de las pensiones, en claro riesgo de quiebra, y que son un caso flagrante de irresponsabilidad política, en el que se prefiere negar la realidad y dar “patada para adelante”.
9. Recuperar la centralidad de la persona y su dignidad como fundamento de toda la acción política, social y económica, para ello se hace preciso abandonar el modelo ideológico imperante en los partidos políticos actuales, basado en el relativismo, la imposición ideológica y la ideología de género. Proponemos su sustitución por otro fundado en la defensa del ser humano en todas las fases de su existencia, la protección social y económica de la familia y de las personas en situación de marginalidad, dependencia o abandono.

Firmar un pacto de mínimos puede servir para aliviar una situación de bloqueo institucional, pero lejos de resolver los problemas de fondo que padece España, alarga la profunda crisis política e ideológica en que nos hallamos sumergidos. Los males de nuestro sistema permanecen ahí, y antes o después (mejor pronto que tarde) habrá que abordarlos si se quiere de verdad buscarles solución.