Medidas contra la corrupción y el despilfarro local

La corrupción local se ha convertido, desde hace ya varios años, en un mal endémico en nuestro país, con casos como el de Marbella, el del Circo de Alcorcón, Pozuelo o, ahora de actualidad, el del Tranvía de Parla. Otros muchos Ayuntamientos se han movido dentro de la legalidad, pero muy alejados de una mínima racionalidad en la gestión, con gran número de contratos superfluos o mal planteados, o con infraestructuras mastodónticas e innecesarias. Todo ello ha propiciado que los Ayuntamientos hayan sido el escenario perfecto para que los corruptos campen a sus anchas y con un alto nivel de impunidad.

“Qveremos un país libre de corruptos y demás chorizos” — P.W. para Qveremos

Las distintas medidas que han ido adoptando los sucesivos Gobiernos han probado ser insuficientes, como confirman los hechos, que demuestran que en cientos de Ayuntamientos de España hay imputados y condenados por casos de corrupción.

La raíz del problema se encuentra en que los Ayuntamientos españoles se han convertido en entes cuasi soberanos que -abanderando la autonomía local legítimamente reconocida en la Constitución- escapan no sólo a prácticamente todo control de legalidad sino también de oportunidad, ya que ninguna instancia puede controlar decisiones de los Ayuntamientos que, si bien se han tomado respetando la legalidad, son totalmente irracionales.

Para intentar avanzar en la lucha contra la corrupción local, y lograr que los Ayuntamientos sean entes de gestión eficientes y útiles, qveremos hacer las siguientes propuestas.

PROPUESTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN LOCAL

1. Reforzar el control de legalidad y la fiscalización de la función interventora a nivel interno

Cuando se estudia el nivel de corrupción en nuestro país, llama la atención que casi no existen casos de corrupción en la Administración General del Estado. Creemos que la principal razón de esta situación es que el Estado cuenta con Abogados del Estado e Interventores altamente cualificados cuyos informes son preceptivos y, en muchos casos, vinculantes.

Ningún cargo político de ningún Ministerio saca adelante ningún gasto, licitación o subvención sin contar con el visto bueno del Abogado del Estado y del Interventor. Los Cuerpos de funcionarios especializados son, en este punto, un valor fundamental.

En las Entidades Locales, España cuenta con un magnífico Cuerpo de Secretarios-Interventores de la Administración Local. Es necesario que al menos en todos los Ayuntamientos haya uno de estos funcionarios, con habilitación general para prestar sus servicios en cualquier Entidad Local del país y con la función primordial de prestar el asesoramiento técnico, jurídico y económico-administrativo que ponga freno a los intentos de corruptelas a este nivel.

Proponemos que sus funciones sean reforzadas y que se evite que los Alcaldes puedan levantar por decreto los informes en los que los Secretarios-Interventores opongan reparos, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

En definitiva, todos los contratos y gastos de los Ayuntamientos deben ir precedidos de un exhaustivo control jurídico y económico-administrativo que garantice su ajuste a la legalidad.

2. Reforzar el control externo

Cualquier medida de lucha contra la corrupción local pasa por reforzar los controles ex ante y ex post de la actuación de la Administración y de sus gestores.

Así, deberían reforzarse las atribuciones del Tribunal de Cuentas (en el marco de un replanteamiento completo de sus competencias, para que su capacidad de fiscalización tenga efectos jurídicos reales), y se podría introducir la posibilidad de contratación, por parte de la oposición, de un auditor externo, que analizara las cuentas del Ayuntamiento o Entidad Local.

3. Reinstaurar el control gubernativo de oportunidad de los actos de los Ayuntamientos

En España sólo se permite un control de legalidad de los actos de los Ayuntamientos, cuando parece razonable que el Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas, o incluso un órgano que se cree ad hoc para esta cuestión, tenga competencias para decidir si determinados acuerdos tomados por los Ayuntamientos, aun siendo legales, carecen de la más mínima racionalidad.

Si se recupera el control gubernativo de oportunidad el Gobierno podría poner coto a determinadas decisiones de los Ayuntamientos que, moviéndose dentro de los límites de la legalidad, pueden endeudar a todos sus vecinos durante generaciones. ¿Es realmente necesario un tranvía en Jaén? ¿Hacía falta construir el Circo de Alcorcón? ¿Quién gana realmente con estos proyectos?

PROPUESTAS CONTRA EL DESPILFARRO LOCAL

1. Reducir el número de Ayuntamientos

Que en un país con 45 millones de habitantes haya más de 8.000 Ayuntamientos es un absurdo injustificable, y más cuando más del 70 por ciento de esos municipios tienen menos de 2.000 habitantes. Una cosa es la subsidiariedad y la cercanía y otra muy distinta el derroche de dinero, personal y estructuras. Por poner ejemplos, en Alemania se redujo el número de Ayuntamientos de 25.000 a poco más de 8.000 y en Bélgica de más de 2.000 a menos de 600.

Proponemos que se abra una reflexión rigurosa que acomode nuestro número de Ayuntamientos al que tienen los países de nuestro entorno y de nuestro tamaño. Con esto no se perderá ni legitimidad democrática ni capacidad de gestión. Los Ayuntamientos serán igualmente representativos y, aunque hubiese que hacer algún ajuste de personal, dicho ajuste sería necesario ya que en muchos casos esta partida también está hipertrofiada.

2. Disminuir la capacidad presupuestaria, competencial y de gestión de los Ayuntamientos

Cursos de yoga, clases de leonés (o llionés, según se escribe en su propia lengua), conservatorios de música, y un larguísimo etcétera son algunas de las actividades y servicios que prestan los Ayuntamientos en España, con el dinero de todos los contribuyentes, con el tuyo y el mío.

Por eso, qveremos revisar las competencias y servicios prestados por los Ayuntamientos, porque, en términos generales, no tienen un problema de financiación ni de competencias, si no de sentido común. Es importante reducir la capacidad de gestión de los Ayuntamientos, ajustándola a servicios básicos y necesidades ciudadanas (recogida de basuras, transporte público o limpieza, entre otras) y evitar duplicidades…o es razonable que exista una Concejalía de Turismo, una Consejería de Turismo y un Ministerio de Turismo para una ciudad como, por ejemplo, ¿Orense?).

Qveremos que los Ayuntamientos gestionen con eficiencia nuestros recursos y que garanticen los servicios básicos a su cargo, sin empezar la casa por el tejado, endeudándonos de por vida.

Qveremos reflexionar entre todos sobre estas cuestiones, y que nos ayudéis con vuestras propuestas. Creemos que con estas y otras medidas podremos ayudar a evitar que los Ayuntamientos sigan siendo el principal foco de corrupción política en nuestro país.