Mañana, lunes 19 de diciembre de 2022, nos jugamos mucho en el Tribunal Constitucional. Nada menos que la supervivencia de la democracia y la separación de poderes.

No hablaremos aquí de la proposición de reforma del delito de sedición para que el más grave ataque contra la democracia española desde 1978 quede en agua de borrajas. Y sí, el 1 de octubre fue más grave porque se llevó a cabo desde las instituciones, y no contra ellas, como el 23-F. Éste fue un fogonazo de impresentables intentando derribar el sistema, no la manifestación de décadas de trabajo desde las instituciones socavándolas desde dentro, cómo pasó en Cataluña.

Tampoco nos centraremos en la rebaja de penas por la malversación cuando no implique lucro personal. Otros han comentado mejor la barbaridad que supone decir que es menos grave destinar dinero público a fines distintos de aquellos para los que fue pagado por los ciudadanos, recaudado por la administración y autorizado su gasto por el legislador. No tiene medio pase sostener que es menos grave robar dinero público “para uno” que saltarse a la torera la ley presupuestaria aprobada por los representantes de los ciudadanos para gastarlos en lo que el gestor de turno decida. ¿O han olvidado que el caso Gürtel precisamente se centraba en el “dopaje electoral” del PP mediante las mordidas? Imaginen si ni siquiera se necesitan mordidas porque basta acudir al presupuesto que hay a mano.

Nos centraremos, más bien, en la maniobra trilera de los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos consistente en introducir vía enmiendas y por urgencia dos reformas de leyes orgánicas que constituyen la clave de bóveda de nuestro sistema. Se trata de un truco propio de aficionados a las series de intriga política que tan de moda se han puesto, en las que lo único relevante es si el protagonista logra salirse con la suya, pese a cualesquiera controles, límites y garantías democráticas que puedan existir. El poder por el poder, a cualquier precio y de cualquier modo.

La introducción de estas enmiendas vulnera el principio democrático esencial de que las leyes han de ser debatidas por los representantes de los ciudadanos, pues por eso precisamente se llama “gobierno del pueblo”. Lo contrario es una sola persona o camarilla dictando las leyes que considere, aunque luego sean bendecidas por una cámara inane en una pantomima.

Supone que el Gobierno pueda situar en la cúspide del sistema de control a sus acólitos (por ejemplo, un ex ministro dócil), de modo que quede efectivamente exento de toda cortapisa o límite. Nadie que luche contra las inmunidades del poder.

Implica la perversión de las funciones de la Mesa del Congreso, que debe velar  por el respeto al procedimiento establecido para garantizar la protección de las minorías parlamentarias frente al rodillo de la mayoría.

Y todo eso, además, ya sin disimulo, porque las mentiras que cuentan para encubrir lo son tan flagrantes que no hacen ni el amago de creerlas ellos mismos.

Y ¿quiénes son los culpables? Hay muchos:

• Un gobierno de tramposos ávidos de poder dispuestos a destruir el sistema democrático con tal de permanecer en la silla (o conseguirla para su marido, su asistenta, su amigo del baloncesto o quien se tercie).
• Unos partidos plegados a la voluntad de sus dirigentes y divorciados de los intereses de los ciudadanos y de sus propios electores.
• Unos grupos parlamentarios de apparatchiki carentes de criterio y dispuestos a arrastrar al país a la ruina moral con tal de seguir chupando del bote.
• Una oposición que durante décadas ha contribuido a socavar lentamente el sistema y ahora se sorprende de que su rival le dé el toque de gracia (o ¿no recuerdan quién prometió reformar el sistema de elección del CGPJ para luego instaurar un sistema de cuotas más descarado que el anterior? ¿O quién legislaba por decreto ley omitiendo el procedimiento legislativo porque, total, sus perrillos del grupo parlamentario iban a dar luz verde sin preguntar?).
• Una prensa vendida a los grupos de poder y dispuesta a justificar lo injustificable si venía “de los suyos”, incumpliendo su función y obligación de ser efectivamente un cuarto poder.
• Unos ciudadanos que hemos abdicado de nuestra responsabilidad de controlar al poder porque nos limitábamos a gritar cuando atropellaban los otros, pero callábamos cuando eran los nuestros.

Y ahora todo queda en manos de un Tribunal Constitucional nombrado en parte por aquellos a quienes debe controlar. Si salimos de esta, más nos vale madurar de golpe, porque el lobo de la dictadura está echando su aliento sobre nuestras nucas.