Lo inaceptable de Vox

Lo inaceptable de Vox

  • Posted by Qveremos
  • On 16th febrero 2022
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Después de las elecciones autonómicas de Castilla y León estamos asistiendo a un juego conocido como es la carrera entre los distintos partidos apresurándose a trazar un cordón sanitario en torno a Vox y alertar del peligro que supone la “extrema derecha”. Todos, naturalmente, por su propio interés electoralista: el PP quiere distanciarse de Vox para cortar la hemorragia de votantes hacia el nuevo partido, al tiempo que intentará siempre evitar compartir el poder (el PP podría llegar a gobiernos solo o apoyado por la izquierda, pero Vox difícilmente podrá gobernar con nadie que no sea el PP… por ahora). El PSOE utiliza la “alerta antifascista” a la vez que desea que el PP pacte con Vox para así trazar la raya en lo que ellos definen como el centro electoral. Los partidos pequeños (nacionalistas de diferente pelaje e izquierda radical) no quieren que Vox, con potencial de ser bisagra en muchos lugares como lo fue Ciudadanos, les robe esa función, pues al fin y al cabo en una negociación tiene más que ofrecer a los dos partidos históricos un Vox-bisagra en los ámbitos nacional, autonómico (con varias autonomías) y local que un partido con menos implantación.

Al mismo tiempo, casi todos los medios jalean esa necesidad de cordón sanitario y muchos ciudadanos lo justifican como algo evidente. Y, sin embargo, no alcanzamos a ver esta evidencia. ¿Por qué motivo ha de proscribirse a Vox del escenario político, negándole a sus representantes democráticamente elegidos -y a través de ellos, a sus representados- el pan y la sal? Naturalmente, nadie está obligado a pactar con Vox. Los acuerdos en política se alcanzan en función de los intereses de los partidos (intereses que pueden ser honestos, cuando son los de sus votantes; o espurios, cuando son los de sus dirigentes) y de la capacidad de hallar puntos de encuentro. Por ejemplo, a primera vista parece que hay pocos puntos de encuentro entre Unidas Podemos y Vox: distinto modelo territorial, económico, nacional, internacional, tributario, etc. Sin embargo, incluso así podrían llegar a acuerdos en cuestiones puntuales como los “vientres de alquiler”, aunque sea viniendo de diferentes posiciones. Lo que ocurre, en cambio, es que mediante el cordón sanitario se pretende negar a Vox cualquier legitimidad democrática, de modo que incluso sentarse con ellos a negociar sea anatema. El ejemplo más llamativo fue el escenario posterior a las elecciones autonómicas andaluzas, cuando el PP y, sobre todo, Ciudadanos, hicieron todo tipo de aspavientos rechazando cualquier diálogo con Vox… pero eso sí, aceptando su fuerza parlamentaria.

Consideramos que esta actitud de tratar a Vox como partido extramuros de todo lo aceptable no hace más que seguir el juego a los creadores de opinión de la izquierda, que llevan décadas delimitando el terreno de juego y definiendo las reglas a las que el PP (difícil calificarlo de “derecha”) se ha atenido. Veamos algunos de esos argumentos:

“Vox es de extrema derecha”. Esto, realmente, no es un argumento. Bastaría entonces con etiquetar a cualquiera gracias al dominio del discurso público (comprado muchas veces con el dinero público de las subvenciones y la publicidad oficial) para excluirle de la participación política. De hecho, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico español que propugna el artículo 1.1 de la Constitución es el pluralismo político. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional lo interpretaron (permítase la síntesis, necesariamente simplista) en relación con la ley de Partidos y la posterior ilegalización de Batasuna en el sentido de que España no es una “democracia militante”, y que no cabe exigir “no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución”, pues “cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos”. O sea: pretender una reforma constitucional o incluso impugnar aspectos del orden constitucional (como hace Vox con las autonomías o Podemos con la Monarquía), es perfectamente lícito: la ilicitud está en los medios, no en el mensaje.

Otros argumentos van en la línea de sostener que Vox efectivamente vulnera “los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Nos preguntamos cuándo ha cometido Vox tales tropelías, o cuándo se ha pronunciado en su defensa o a su favor… salvo, claro, que se considere que cualquier crítica a la opinión establecida por unos y aceptada mansamente por otros es tan intolerable que constituye nada menos que un ataque contra los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Se acusa a Vox de racismo. Podrían esgrimir en contra una foto de su candidato en las últimas elecciones autonómicas catalanas, y podría responderse en contra que un árbol no hace bosque. Normalmente, los reproches de Vox en esta materia derivan de su posición en materia de inmigración y sus actuaciones relativas al fenómeno de los menores extranjeros no acompañados (“menas”) (por ejemplo, ese espejo acrisolado de verdad y rigor periodístico que es el Huffington Post titulaba que  “Vox hace palidecer a Trump con su racismo”). Sin embargo, estos argumentos realmente no suelen ser más que falacias del hombre de paja, pues Vox no se manifiesta en contra de la inmigración, sino de la inmigración descontrolada e ilegal. En cuanto a los menas, Vox no se ha pronunciado en contra de acoger a menores necesitados de asistencia per se, sino que ha puesto de manifiesto los problemas de seguridad pública que normalmente acompañan a las concentraciones de menas (i.e. Hortaleza o la zona del Parque del Oeste), exigiendo soluciones, y el incumplimiento por otros países (Marruecos) de sus obligaciones en materia de repatriación de menores.

También se señala a Vox como “el partido que está contra las mujeres”. Paradójico, si se considera que apoya claramente la prisión permanente para violadores y asesinos (cosa que no hacen otros partidos, aunque es cierto que proponen penas muy elevadas). En verdad, se etiqueta así a Vox por no plegarse al discurso de la violencia de “género”, defendiendo que toda la violencia intrafamiliar merece una respuesta, con independencia del sexo de agresor y víctima. Vinculado con esto están las acusaciones de homofobia. Y decimos vinculado porque realmente el nexo se encuentra en que la ideología de género y el feminismo radical van unidos en la creación de grupos de presión que buscan influir en las políticas a la vez que se benefician del siempre generoso presupuesto. Las alegaciones de que todo lo que dice Vox es un “delito de odio” suelen acoger más los reproches externos que las verdaderas palabras o actos de sus dirigentes. Así, las compilaciones de “mensajes homófobos” de Vox que recogen los medios izquierdistas son realmente declaraciones en contra de equiparar las uniones civiles entre homosexuales al matrimonio tradicional, o de la adopción por parejas homosexuales, o en contra de la celebración del “orgullo gay”: o sea, nunca contra los homosexuales por el mero hecho de serlo.

Parece, por tanto, que quienes defienden un cordón sanitario contra Vox lo hacen desde una idea del pluralismo político más restrictiva que la que en principio rige en España. No deja de ser irónico que algunos defiendan este cordón al tiempo que pactan e incluso alaban a condenados por terrorismo y cuyos partidos sí fueron ilegalizados porque defendían sus postulados mediante una actividad que vulneraba los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos (i.e. el tiro en la nuca, las bombas-lapa, el secuestro, la extorsión, etc.). En cualquier caso, a la vista de la evolución de Vox en elecciones y sondeos, parece que los ciudadanos españoles no compran la idea de que haya que excluir del debate político a los votantes de Vox ni a sus representantes. Quizá, de hecho, les sirva de acicate: “ladran, luego cabalgamos”.

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