Por Francisco José Contreras, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla

Cayó la cruz de Callosa de Segura, que no era, como repite TVE, un “monumento franquista”, pues carecía de referencias políticas y se limitaba a honrar la memoria de 81 personas asesinadas por ser católicas. Pero es que con ella puede estar cayendo también, entre el acoso militante de los unos y la pasividad cobarde de los otros, algo más importante: la libertad de opinión y expresión en España, al menos en ciertos temas. Enumeremos solo algunos hechos, entresacados de la más reciente actualidad.

– Con el apoyo de toda la izquierda y los nacionalistas, la lamentable abstención de Ciudadanos y el solo voto negativo del PP, el Congreso admitió a trámite el 22 de diciembre una Proposición de Ley del PSOE cuya finalidad es dar un giro definitivamente totalitario a la ya de por sí vergonzosa Ley de Memoria Histórica de 2007, que el PP no tuvo a bien derogar en sus cuatro años de mayoría absoluta. El proyecto de ley prevé completar (art. 24) la retirada de los monumentos y calles dedicados a “los protagonistas de la sublevación militar, de la Guerra Civil española y de la represión de la Dictadura”, pero no, faltaría más, de los que honran a dirigentes del bando republicano responsables por acción u omisión de crímenes masivos, como Santiago Carrillo, Francisco Largo Caballero o Lluis Companys. En su art. 33 instituye un día –el 31 de Octubre- de “recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura”, pero no a las de las milicias y chekas del Frente Popular (por cierto, tampoco le parecen al PSOE dignos de conmemoración –como bien ha observado Elentir– los no pocos izquierdistas caídos en episodios de represión interrepublicana, como el dirigente del POUM Andrés Nin, desollado vivo por agentes soviéticos).

La ley de Zapatero ya había instituido esta “memoria” hemipléjica y maniquea. Pero el nuevo proyecto asesta la postrera vuelta de tuerca orwelliana: nada menos que una “Comisión de la Verdad” (art. 6) que, como en los regímenes totalitarios, reescribirá el pasado y definirá una versión oficial de la historia del periodo 1931-75, sustrayéndola así al libre debate entre historiadores independientes. Y ese dogma histórico será impuesto con multas y hasta penas de cárcel: quien “justifique el franquismo” puede ser reo de dos años de prisión, según la Disposición Adicional segunda. Se amenaza también con la cárcel a “quienes públicamente fomenten […] el odio, hostilidad, discriminación […] contra las víctimas del franquismo”. Como ocurre en otros asuntos, el peligrosamente subjetivo concepto de “odio” es usado como coartada para la imposición de un pensamiento único. ¿Quién define los límites del “odio” o la “discriminación”? ¿Incita al odio quien demuestre que Santiago Carrillo –una “víctima del franquismo”- tuvo responsabilidad en las matanzas de Paracuellos? ¿Quemarán en piras los libros de Pío Moa, Ricardo de la Cierva o Stanley Payne?

Sí, el antifranquismo retrospectivo es el clavo ardiendo al que se agarra la izquierda cada vez que se ve sin argumentos y sin programa: recurrió a él cuando la mayoría absoluta de Aznar y el boom económico de los primeros 2000 parecían augurar una larga hegemonía del centro-derecha, y vuelve a hacerlo ahora, cuando la suma de PSOE y Unidos Podemos no llega ni al 40% en las encuestas. No faltarán miopes en PP y C’s que se froten las manos: “cuando sacan a pasear a Franco es que están en las últimas, je, je”.

Pero las leyes de Memoria Histórica –además de resultar inaceptables por su tergiversación de los hechos y su incompatibilidad con la libertad de investigación y expresión- buscan la institucionalización irreversible de la hegemonía cultural y superioridad moral de la izquierda. ¿Han reparado los apparatchiks de PP y C’s en que de lo que se trata es de presentar a la derecha como intrínsecamente siniestra y antidemocrática? Al regalar a la izquierda el monopolio de la interpretación del periodo 1931-75, la derecha asume dócilmente el papel del villano de pelo engominado, merecedor de asco y desconfianza, por eficaz que pueda ser su gestión. Los apparatchiks deberían saber que todo ello tiene consecuencias electorales. No son las más importantes, pero sí las únicas que les importan a ellos.

Y no, no se trata de reivindicar el franquismo sin más. Entre la reivindicación incondicional y la película gore de la demagogia izquierdista caben muchas posturas intermedias. La Guerra Civil no fue “un golpe de Estado fascista” de cuatro obispos y generalotes contra un impecable gobierno democrático, sino el trágico enfrentamiento entre la media España católica y conservadora (que “se resistía a morir”, en palabras del democristiano Gil Robles, y abjuró de una democracia precaria, desacreditada por una izquierda que se había levantado en armas en octubre de 1934 contra la victoria de las derechas y manipulado los resultados electorales en febrero de 1936) y la identificada con un Frente Popular cada vez más radicalizado, en el que los demócratas eran la excepción. El régimen de Franco fue una dictadura que practicó una dura represión en sus primeros años, pero evolucionó a partir de 1945 hacia una tecnocracia bastante desideologizada, con relativa libertad académica y de expresión (inferior a la de las democracias pero superior a la de los Estados totalitarios), un grado no despreciable de apoyo popular y cotas brillantes de crecimiento económico en el periodo 1959-75. También erradicó el analfabetismo y puso las bases del Estado del Bienestar. Afirmar esto no es ser fascista, ni desear el restablecimiento de un régimen similar. Al renunciar a un relato matizado de este tipo –al renunciar a todo relato- la derecha convirtió a la izquierda desde la Transición en árbitro moral de la historia.

-Se ha desatado la previsible caza de brujas contra María Elósegui, designada como representante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su pecado es haberse opuesto a la consideración jurídica de las uniones homosexuales como matrimonio y haber defendido herejías como que “la fidelidad es un valor muy importante para la pareja”, que “la conducta homosexual es más promiscua y compulsiva”, lo cual implica riesgos sanitarios importantes, o que la solución razonable para las personas afectadas por “disforia de género” no es la mutilación genital (“cirugía de reasignación de sexo”), sino la terapia psicológica.

El acoso a Elósegui –cuyo desenlace final está por ver, pero que cuenta con el inquietante precedente del caso Buttiglione, a quien se impidió incorporarse a la Comisión Europea por sus opiniones sobre la homosexualidad- confirma que las muy discutibles tesis del lobby LGTB han llegado a convertirse en una especie de religión oficial que todos deben acatar, so pena de muerte civil.

Quien esto escribe considera muy razonables las opiniones de Elósegui (y, desde luego, nunca pretendería la muerte civil de quienes piensen lo contrario). El matrimonio es una institución mediante la que el Derecho promueve la formación y larga duración de parejas hombre-mujer para que puedan engendrar y educar a la siguiente generación; la definición heterosexual del matrimonio no implicaba “discriminación homófoba”, sino que era consecuencia natural del hecho de que el matrimonio fue inventado para facilitar la reproducción de la especie. Que la fidelidad es esencial para la estabilidad de una pareja es algo que comprobamos casi todos en nuestra experiencia personal, y que además es confirmado por estudios que indican que la infidelidad es la más habitual causa de divorcio a nivel mundial. Y que la fidelidad es más infrecuente en las parejas homosexuales que en las heterosexuales es una verdad sociológica que ya casi nadie se atreve a recordar, pero que está acreditada por múltiples investigaciones. Por ejemplo, el estudio The Male Couple (1990), de David McWhirter y Andrew Mattison, encontró que solo siete de las 156 parejas homosexuales encuestadas había mantenido la fidelidad sexual a lo largo de un periodo de un año, y ninguna al cabo de un periodo de cinco años. Parecidos resultados pueden encontrarse en T.J. Dailey, “Comparing the Lifestyles of Homosexual Couples to Married Couples”, Cultural Legacy, 2012.

Y esa mayor promiscuidad tiene consecuencias sanitarias. Numerosos estudios hasta los años 90 (por ejemplo, Steven D. Wexner, “Sexually Transmitted Diseases of the Colon, Rectum, and Anus: The Challenge of the Nineties”, Disease of the Colon and Rectum, Vol. 33, n. 12, December 1990, pp. 1048-1062) informaban sin ambages sobre la incidencia notablemente más alta de enfermedades como la gonorrea, la sífilis, la clamidia, el cáncer rectal, la hepatitis o, por supuesto, el SIDA entre los hombres que practican sexo con otros hombres. Esas investigaciones escasean en los últimos veinte años (aunque todavía surge alguna, como Conron, K.J., Mimiaga, M.J., & Landers, S.J. (2008), A health profile of Massachusetts adults by sexual orientation identity, un estudio basado en el análisis de los datos sanitarios de más de 38.000 personas, que afirmaba los mayores riesgos y menor esperanza media de vida entre los homosexuales activos). ¿Es que, milagrosamente, la práctica homosexual ha dejado de tener las consecuencias sanitarias que tenía antes, o es más bien que la nueva ortodoxia ideológica ejerce su presión intimidatoria incluso sobre la profesión médica, disuadiéndola de investigar y comparar según qué cosas?

En cuanto a la transexualidad, si, como afirma el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría), la “disforia de género” desaparece de manera natural en la pubertad en un alto porcentaje de casos (entre un 70% y un 98.2% en los nacidos varones, y entre un 50% y el 88% en las nacidas como mujeres), parece razonable permitir que la descarga hormonal de la adolescencia reconcilie al individuo con su sexo biológico, en lugar de impedirla con bloqueadores y terminar mutilando un cuerpo sano, al que habrá que “engañar” hasta la muerte con dosis masivas de hormonas del sexo opuesto.

-La Proposición de Ley 122/000097 “Contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género”, etc. (las leyes LGTB tienen títulos de ampulosidad venezolana, acorde con su contenido), presentada en mayo y admitida a trámite en septiembre de 2017 (con el voto afirmativo, no sólo de la izquierda, sino también de Ciudadanos), pondrá todo el aparato del Estado al servicio de la intimidación mediática y social que padecen ya personas como María Elósegui o Alicia Rubio. Su delirante articulado incluye medidas como la autorización a los niños de 16 años de someterse a cirugía de cambio de sexo sin permiso de sus padres (art. 20.2); la formación permanente del personal sanitario “en materia de diversidad sexual y de género, diversidad familiar y necesidades específicas de las personas LGTBI” (art. 16); la prohibición de “las terapias que pretendan revertir la orientación sexual de la persona, aún con el consentimiento de la misma o de sus representantes legales” (o sea, el homosexual que desee cambiar su inclinación ya no podrá contar con apoyo psicoterapéutico para ello: sin embargo, el estudio clásico de Masters & Johnson sobre sexualidad humana acreditaba un porcentaje de éxito del 65% en tales terapias); “la formación permanente de todo el profesorado [en materias LGTBI]” (art. 40.2); “el decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto de las infracciones administrativas contempladas en la presente Ley” (art. 95.4): una vez más, con la excusa de perseguir “el discurso del odio” o la “incitación a la discriminación”, se abre la puerta a la persecución de cualquier opinión discrepante, tarea para la que incluso se instituirá una autoridad administrativa especial, verdadero Santo Oficio de la nueva religión LGTB.

La Guerra Civil, el franquismo, la definición del matrimonio y el modelo de familia, las patologías asociadas a la sodomía, la terapia adecuada para la disforia de género…: cuestiones jugosas y complejas sobre las que se debería poder debatir libremente en una sociedad abierta. En lugar de eso, nos deslizamos rápidamente, entre la indiferencia general, hacia un dogmatismo de Estado asfixiante y grotesco.