La Responsabilidad Política: Spain is different, aquí no dimite nadie

En los países de nuestro entorno próximo existe una clara conciencia cívica y política sobre la honestidad que resulta exigible a un cargo público: hemos visto recientemente como varios ministros del gobierno alemán han dimitido por plagiar sus tesis doctorales, motivo que nos resulta casi cómico en España. Pero es un ejemplo paradigmático: la responsabilidad política no sólo se deriva de los delitos, sino de cualquier comportamiento indigno de un cargo público.

En los últimos meses la irrupción de las nuevas fuerzas políticas ha puesto el candelero la necesidad de que los políticos imputados cesen en sus cargos: no es suficiente, no se puede limitar la responsabilidad política a la responsabilidad penal. Es un debate incompleto. Debemos ser mucho más exigentes con nuestros políticos:debemos exigir ejemplaridad.

En distintos artículos hemos mencionado medidas para dar un vuelco a la situación de corrupción política cuasi generalizada en la que nos encontramos. Las agrupamos aquí en torno a tres ejes: i) facilitar el escrutinio público; ii) garantizar la independencia de jueces y reguladores; iii) reformar las leyes procesales. No nos acostumbramos a la corrupción. Qveremos una política limpia. Exijámosla.

Exigencia ética, no solo penal

En España se produce prácticamente a diario una función de tintes trágicos: se destapa un escándalo de corrupción política, los “pillados”proclaman su inocencia y dicen que todo es un “montaje”o una “persecución política”. El partido de turno hace un comunicado oficial de apoyo, apelando a la presunción de inocencia y recordando los trapos sucios de los demás partidos. Los partidos contrarios exigen dimisiones inmediatas (olvidando su propia actuación en asuntos similares). Periodistas y tertulianos se posicionan en función de sus afinidades. El escándalo pervive en los medios por meses y años, ya que una ley procesal anticuada tiende a convertir los procesos en interminables. Cunde entre la ciudadanía la impresión de impunidad.

En los últimos meses la “lucha” contra la corrupción en los partidos se ha centrado en dos ámbitos: i) la redacción de unos códigos éticos de contenido genérico; ii) la discusión en torno a la necesidad o no de que los imputados abandonen las listas electorales y/o sus cargos. Creemos que es una limitación interesada de la responsabilidad: se busca identificar la responsabilidad penal con la responsabilidad política, de manera que sólo la imputación, la acusación formal o la condena en sede judicial puedan dar lugar a exigir la dimisión de un cargo público.

Es necesario recuperar el verdadero concepto de responsabilidad política: cualquier comportamiento indigno de un cargo público debe dar lugar al abandono voluntario o forzoso de su cargo. No supone una sanción sino una exigencia ética: es exigible y debe asumirse con carácter inmediato en cuanto se conocen los hechos que dan lugar a ella, y no se puede aportar públicamente una explicación o justificación que excluya la responsabilidad(sin que sea aceptable reservarse dicha explicación con el pretexto dela defensa en sede judicial).

La falta de exigencia de responsabilidades a los subordinados debe considerarse como lo que es, un encubrimiento, y debe conllevar, a su vez, la responsabilidad política de quienes toleran o amparan tales comportamientos.

Debemos atacar la corrupción desde todos los ámbitos

La corrupción no es algo irremediable, con lo que hay que convivir. Hay que ponerle freno con medidas legislativas que permitan exigir a los políticos las responsabilidades penales, administrativas y contables de una manera rápida y contundente.

En otros artículos hemos ya indicado algunas medidas que creemos urgentes para dar un vuelco a la situación, las agrupamos aquí en torno a tres ejes:

  1. Facilitar la exigencia ciudadana a los políticos:
    1. Eliminando los procedimientos pseudo-democráticos que han convertido a los principales partidos en organizaciones puramente verticales y sometidas a la sola voluntad de las cúpulas, impidiendo así la exigencia interna de responsabilidades.
    2. Modificar la normativa electoral para introducir un proceso con listas abiertas,que permita a los electores discriminar entre los políticos honestos y aquellos que no lo son.
    3. Impulsar la transparencia, de manera que los medios de comunicación y los ciudadanos tengan acceso a la información necesaria para controlar eficazmente la asignación y la gestión de los recursos públicos; principalmente en aquellos ámbitos en los que han tenido lugar los mayores excesos, como el urbanismo o la contratación pública.
  2. Garantizar la independencia de jueces y reguladores: sustituyendo los sistemas de designación política de los órganos cuyas funciones suponen un control de la actuación de los poderes públicos, como son el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y los Organismos Reguladores (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y la del Mercado de Valores).Los sistemas de reparto partidista de los mismos han impedido que su labor de control sea verdaderamente eficaz.
  3. Reformar las normas procesales, especialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para evitar que mediante la dilación de los procesos se impida o se demore la exigencia de responsabilidades penales. En este sentido, creemos que: i) por lo general no tiene sentido agrupar causas de forma indefinida, dando lugar a procesos interminables; ii) debería darse prioridad y asignarse recursos excepcionales a aquéllos procesos en los que estén encausados cargos públicos.

La sociedad civil debe ser cada vez más consciente de la necesidad de ser exigente con sus políticos, reclamando de forma activa las responsabilidades políticas que se derivan de sus actos, u omisiones.

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