Ok Diario

Comenzamos la cuarta semana de confinamiento. Ésta ha sido la única medida que se le ha ocurrido al gobierno social-comunista que dirige Pedro Sánchez para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. La única medida que ha sido capaz de anunciar y, a su vez, de ejecutar.

El gobierno ha anunciado ya su intención de ampliar nuevamente el estado de alarma. Pero para esta nueva ampliación es necesaria, nuevamente, la aprobación del Congreso de los diputados. Es, por tanto, el momento de la oposición: hasta ahora la oposición ha apoyado acríticamente las dos declaraciones del estado de alarma, aviniéndose a la voluntad del Presidente con la buena fe de transmitir una imagen de unidad. Sin embargo, esta buena fe de la oposición ha sido utilizada por el gobierno para hacer uso ideológico de sus poderes excepcionales.

Nos planteamos por tanto, ¿qué debe exigir la oposición en cumplimiento de su función?

Un plan de actuación contra el Covid que sea público

Se debe exigir al gobierno la presentación de una estrategia definida y concreta en la lucha contra el COVID-19, que al menos debería incluir:

1. Realización de test masivos en la población para identificar posibles portadores del virus y proceder a su aislamiento, siguiendo la exitosa estrategia de Corea del Sur y Alemania.
2. Plan específico para garantizar al personal sanitario trabajar en condiciones de seguridad.
3. Plan específico de atención y protección a las personas mayores de 65, que son las que tienen mayor mortandad por el COVID-19, con especial foco en las residencias de ancianos.
4. Plan de coordinación a nivel nacional de los recursos sanitarios autonómicos para poder derivar pacientes allí donde haya camas libres.
5. Reforzamiento de las estructuras sanitarias (nº de camas y UCIs) ante posibles brotes futuros del COVID-19.

Todos estos planes deberían estar en marcha (y ser públicos en todos sus detalles), a nivel nacional, desde hace al menos un mes y medio. Sin embargo, 12.000 muertos oficiales después (no conocemos los reales), siguen sin estar operativos. Cada comunidad autónoma trata de salvar los muebles como puede, tratando de solventar los palos en la rueda provocados por la ineficaz acción del gobierno social-comunista.

 Revisión de las condiciones del confinamiento

La tentación de Pedro Sánchez será endurecer el confinamiento. Dado que es la única medida que ha sido capaz de copiar y ejecutar, es también su tabla de salvación ante la opinión pública. Por eso, es muy posible que su tentación, para aparentar capacidad de gestión, sea la de prolongar y endurecer el confinamiento.

Sin embargo, esto puede ser letal a nivel social y económico. Es complejo valorar la eficacia o no del confinamiento en la lucha contra los efectos del COVID-19. Muy posiblemente, la imprudente tardanza – quizás fuera más ajustado hablar de negligencia- del gobierno en actuar no dejara otra opción que confinar a la población ante el colapso que sufría el sistema sanitario.

Sin embargo, de ningún modo tiene por qué hacerse en las mismas condiciones que hemos sufrido hasta ahora los españoles. En este sentido, sería conveniente realizar algunos ajustes en el confinamiento:

• Permitir a los adultos poder pasear por la calle con uno o dos niños a la vez. Nos aproximamos al mes de confinamiento y no puede someterse a las familias a la presión de no poder salir. Permitir que las familias puedan sacar a sus hijos a pasear no sólo será beneficioso para ellas, si no que permitirá, de ser necesario un alargamiento del confinamiento, que éste pueda llevarse a cabo sin graves controversias y sin daños adicionales. Con el mismo fin, debe también valorarse la posibilidad de que la población pueda realizar ejercicio al aire libre de forma individual.
• Revocación del cierre de actividades realizado por el gobierno. Este cierre está teniendo un impacto muy fuerte en la economía de muchas familias y empresas. De continuarse con el permiso retribuido se pueden destruir para siempre muchos puestos de trabajo que son medios de sustento de numerosas familias. Es necesario modificar el cierre de actividad actual:
  • Impidiendo sólo aquellas actividades que por la concentración de personas que implican puedan facilitar la transmisión del virus: hostelería, educación, sector hotelero, …
  • Permitir que el resto de actividades puedan realizarse siempre que se puedan garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores; tal y como se permitió en la primera quincena del estado de alarma.
  • Garantizando el derecho al teletrabajo para los empleados en las actividades permitidas siempre y cuando se puedan desarrollar las funciones razonablemente, como ya sucedió en la primera quincena del estado de alarma.

No parece razonable mantener las actuales condiciones del confinamiento. Así sólo se conseguirá dañar irreparablemente a las familias y a la economía y con ello provocar una grave crisis social.

 Plan de apoyo a la economía 

Es urgente un plan de apoyo a los agentes económicos. Hasta ahora las medidas del gobierno para autónomos y empresas se han limitado a proporcionarles líneas de liquidez. Líneas que son bienvenidas, pero que no son una ayuda real. En primer lugar, porque no les permite ningún ahorro de costes en la gestión (impuestos, seguridad social, tasas…) es decir, no les reduce sus pérdidas. En segundo lugar, porque el endeudamiento puede ser trampa mortal para las empresas en situación de debilidad, pan para hoy y hambre para mañana.

Por eso es necesario un verdadero plan de apoyo a la economía real que implique:

• Rebaja sustancial de impuestos a las familias (IRPF) y empresas (IS).
• Condonación, con efectos retroactivos, de cuotas de Seguridad Social para todos los autónomos y pymes por el periodo que dure el estado de alarma.
• Reducción al tipo mínimo del IVA para todos los artículos de primera necesidad.

Como somos conscientes de que España atraviesa una situación financiera muy complicada, este plan de rebaja de impuestos debe ir acompañado de una reducción del gasto público inútil, que es mucho, en los presupuestos autonómicos y nacional.

 Recuperación del estado de derecho 

El gobierno está aprovechando el estado de alarma para imponer su proyecto ideológico y durante el mismo ha tenido iniciativas que socavan el estado de derecho, vulnerando de forma flagrante derechos fundamentales. Para apoyar una nueva ampliación del estado de alarma, la oposición debe exigir lo siguiente:

1. Devolución de los poderes constitucionales al Parlamento y la recuperación de la actividad normal de las Cámaras, permitiendo el control parlamentario y la actividad legislativa (ahora centralizada en la Presidencia).
2. Concreción y limitación del art. 8 del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y que permite de forma genérica “Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias”.
3. Revocación de las Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, que pone en manos del ministro de Justicia toda la actividad judicial, al margen de los órganos específicamente judiciales.
4. Reversión de la modificación de la ley del CNI que ha permitido incluir en su Comisión delegada a Pablo Iglesias e Iván Redondo.
5. Renuncia expresa a cualquier tipo de nacionalización de cualquier sector o empresa (permanente amenaza por parte del vicepresidente segundo).

Todas estas medidas o amenazas que ha llevado a cabo el gobierno durante el estado de alarma no son necesarias ni mejoran en nada la eficacia en la lucha contra el COVID-19. Son medidas ideológicas, adoptadas aprovechando la situación de excepcionalidad que vive nuestra nación y suponen una inaceptable deslealtad hacia los españoles.

La tentación de la inacción

Es la hora de la oposición. Es la hora de que alguien defienda los derechos de las familias, autónomos, instituciones y empresas ante el gobierno.

La oposición tendrá la tentación de no actuar. En primer lugar, porque es más cómodo y siempre hay un “gurú” electoral que recomienda no hacer nada mientras el rival político se “quema”. En segundo lugar, porque obligar al gobierno a tomar determinadas medidas podría provocar que el gobierno tratara de corresponsabilizar a la oposición en la gestión de la crisis. Una tercera excusa para la inacción podría ser la de no romper la imagen de unidad. 

Ninguna excusa vale. España está hoy ante la mayor crisis de sus últimos 80 años, una crisis que amenaza su supervivencia como nación. Anteponer intereses electoralistas o evadir la responsabilidad propia nunca es excusable, pues hoy supondría traicionar a los españoles. Sería hacerse corresponsable de la gestión del gobierno social-comunista dirigido por Pedro Sánchez.