No hay duda de que la Corona se ha convertido en el objetivo a “abatir” por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, sus socios de coalición y sus apoyos parlamentarios.

Los motivos son diversos: a algunos no les gusta su carácter anti igualitario; otros no soportan que simbolice la unidad de España; a otros les duele que refleje la continuidad histórica de la nación española; muchos no aceptan que la institución no esté sometida al principio democrático o que ostente la jefatura de los ejércitos; ninguno perdona al rey Felipe VI su intervención en octubre de 2017 en defensa de la unidad de España.

Esta variedad de motivos confluyen en un único objetivo: que España deje de ser un reino. En esta estrategia todo vale; desde los intentos de ocupar el lugar protocolario que corresponde a la Jefatura del Estado hasta la declaración publica de miembros del gobierno de su deseo de instaurar una república; desde las críticas permanentes al Rey por parte de miembros del gobierno o sus socios parlamentarios hasta la inacción ante injuria u ofensas a la Corona. Incluso el intento de modificar el estatus de la Corona a través de una ley.

No cabe otra interpretación, la propuesta de una ley sobre la Corona es un intento más debilitar la institución. Sí, bajo palabras inocentes como modernización, protección, adaptación, no hay duda de que lo que realmente hay detrás de esta iniciativa es un intento de desnaturalizar aún más la institución monárquica y de limitar, hasta anularlo, el estrecho margen de maniobra que le concede nuestra Constitución.

Este propósito por parte del gobierno y sus socios de coalición y parlamentarios no nos coge por sorpresa. Desde el PSOE hasta Bildu, pasando por Podemos, ERC, JxCat, PNV y demás, hablamos de partidos que se definen todos como antimonárquicos y muchos como antiespañoles. Son partidos que han tolerado la institución monárquica en tanto en cuanto no dificultaba su proyecto de transformación cultural y social de España.

Sin embargo, en octubre de 2017 la Corona se mostró firme ante el golpe del separatismo catalán para romper España. En ese momento todos estos partidos que empujan un proceso de deterioro de la unidad nacional vieron que la Corona sí era un impedimento para sus planes. Desde entonces han iniciado un proceso de acoso y derribo a Felipe VI – similar, salvando las diferencias entre padre e hijo, al que llevaron con éxito contra su padre Juan Carlos I porque tampoco se mostró proclive a apoyar el inicio del famoso pruses, hablamos de los tiempos de Artur Mas –. La propuesta de una ley sobre la Corona no es más que un intento solapado – porque saben que la mayoría de los españoles aprecian a Felipe VI y su labor – de avanzar en ese ataque.

Por eso, si no resulta sorprendente quienes impulsan el proceso y qué buscan, sí resulta asombroso que Pablo Casado abra siquiera la puerta a discutir la tramitación de una ley de la Corona. No nos valen aquí los argumentos del dialogo, de la moderación, de evitar una ley aprobada con la participación de Podemos.

A los partidos de la oposición les corresponde también señalar de forma clara y contundente ante la opinión pública los intentos por parte del gobierno y sus socios de socavar lo que queda de nuestro estado de derecho. Esa responsabilidad corresponde a la oposición y no puede ni debe hacer dejación de funciones.

Tampoco vale la idea de condicionar el diálogo o el apoyo a determinados requisitos. Todas estas estrategias sólo sirven para ocultar la gravedad de la propuesta. ¿De verdad cree Pablo Casado que Pedro Sánchez busca el bien de la Corona, institución a la que ningunea permanentemente? ¿De verdad cree Pablo Casado que el gobierno social-podemita dirigido por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a promulgar una ley que fortalezca a la Corona? ¿De verdad cree Pablo Casado que Pedro Sánchez va a promulgar una ley de la Corona con acuerdo del PP y sin el visto bueno de Pablo Iglesias, declarado republicano y socio de gobierno? ¿Esta dispuesto, entonces,  Pablo Casado a pactar una ley de la corona con PSOE y Podemos?

No pensamos que Pablo Casado sea tan ingenuo como para contestar sí a ninguna de las preguntas anteriores. Queda entonces abierta una pregunta: ¿por qué lo hace?

En este punto sólo me queda acudir a R. R. Reno que en su imprescindible libro “El retorno de los dioses fuertes” (Ed. Homo Legens) explica como todo el quehacer político tras la II Guerra Mundial se ha basado en un consenso. Un consenso que buscaba evitar el retorno de los dioses fuertes (Dios, Nación, Familia, convicciones, principios…). De este consenso eran parte tanto el centro-derecha como el centro-izquierda. Es decir, ambas opciones políticas, supuestamente enfrentadas en lo ideológico y lo político, servían, en certera opinión de R. R. Reno, a un mismo proyecto social y cultural.

Esta reflexión bien puede aplicarse a España y al conservadurismo del que ha hecho gala el Partido Popular a lo largo de su historia. Un conservadurismo que no remite a un posicionamiento ideológico, como han destacado señalados analistas políticos, sino a una forma de acción política. El Partido Popular ha sido conservador no el sentido de adscribirse los principios de delineara Russel Kirk o los maestros del pensamiento político conservador o tradicional español (Balmes, Donoso-Cortés, Vázquez de Mella, Cánovas…), sino que lo ha sido en el sentido de conservar el modelo de sociedad que iba construyendo el PSOE a través de su acción política. En definitiva, un mismo proyecto con dos brazos, uno que avanza y otro que conserva y asienta.

Sólo desde esta clave es posible explicar que Pablo Casado no se haya negado en rotundo a debatir sobre una ley de la Corona. Estamos, en consecuencia, no tanto ante un giro al centro del Partido Popular bajo la dirección de Pablo Casado como ante una vuelta o profundización en su esencia “conservadora”. Vuelta que no sabemos como resultará para el Partido Popular, pero que en ningún caso será beneficiosa para la Corona y España.