La obligación del Gobierno de detener y revertir el «procés»

La obligación del Gobierno de detener y revertir el «procés»

  • Posted by Qveremos
  • On 22nd octubre 2019
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  • Cataluña, Independentismo, Procés, Violencia en Barcelona

El inestable equilibrio en el que ha vivido Cataluña en los últimos años ha saltado por los aires en los últimos días. Era conocido que el independentismo estaba esperando a que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del “Procés” para tomar las calles e incrementar la presión sobre la sociedad catalana y el Gobierno de la Nación; tal y como pedía hace unos meses el presidente autonómico Torra a los autodenominados “CDR”.

Lo que no sabíamos es hasta qué punto el independentismo ha quedado en manos de grupos filo-terroristas, que han provocado situaciones de extrema violencia: los ataques organizados contra la judicatura, la Policía Nacional y los Mossos de Esquadra deben tratarse como lo que son, actos de terrorismo. Lo que tampoco llegábamos a imaginarnos es que dicha violencia fuese alentada y acompañada desde la propia Generalidad de Cataluña, empezando por la figura de su presidente, que no es si no la primera autoridad del Estado en la región.

Por desgracia, lo que único que se han encontrado en frente son a unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad abandonados a su suerte, sin poder desplegar toda su capacidad. Y así la sociedad catalana ha quedado a merced de los cachorros de la CUP, de los CDR, de Torra y de una variedad de entidades pro-independentistas, que están dispuestos a seguir atemorizando a la mayoría silenciosa de catalanes.

Y decimos únicamente porque el abandono del Gobierno de España es escandaloso. Se podrá discutir si hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, si sería necesario poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, si hay que poner los Mossos bajo la autoridad del Gobierno central, si es mejor declarar el Estado de Excepción, si hay que mandar al Ejército, si es necesario cerrar TV3… Pero lo que no es opinable es que la situación no es únicamente de “orden público” como ha dicho recientemente el ministro del Interior. La situación es absolutamente excepcional, y no sólo por la violencia en las calles y por el temor que sufren los catalanes en general y los barceloneses en particular. Lo es porque su justificación es únicamente política, porque vienen alentados y apoyados por las instituciones, y porque no se vislumbra un final.

Los instigadores de esta situación son los mismos que llevan 40 años siguiendo una Hoja de Ruta perfectamente planificada con el fin de controlar la sociedad catalana y expulsar de la misma todo lo que se identifique como “español”. Los unos generan el odio y los otros lanzan las piedras. Los unos apuntan y los otros disparan. Una bestia alimentada por los distintos Gobiernos a lo largo de las últimas décadas, que está claro que no midieron bien el coste que tendría seguir facilitando la progresiva separación de una parte del territorio.

Hace dos años, cuando se celebró el referéndum para la independencia y se declaró unilateralmente la independencia de Cataluña, el Gobierno tomó medidas excepcionales. Escasas y tardías, seguramente condicionadas por el brillante y valiente discurso de S.M. el Rey Felipe VI, pero al menos se mandó el mensaje de que España tenía el control, un cierto control, sobre Cataluña, y que quería cumplir con sus obligaciones de garantizar la libertad y la seguridad de todos los catalanes.

Ahora la situación es radicalmente distinta: el Gobierno contemporiza, se mantiene en una mal llamada “moderación”, en la “proporcionalidad” de no hacer nada. No toma ninguna medida, no tiene la iniciativa política, no es capaz de dar una respuesta firme y contundente al desafío nacionalista, no defiende a la mayoría de catalanes que rechazan la violencia y la imposición independentista, cada vez más envalentonada y más impune.

Por todo ello, Qveremos exige al Gobierno de España que actúe, que tome decisiones, que se deje de electoralismos y de cálculos y ambigüedades. Que asuma su responsabilidad y que aplique las medidas necesarias para recuperar el control sobre Cataluña, que es una parte de España, que es fundamento de la Nación, junto al resto de Comunidades Autónomas.

Contra lo que muchos creen, cuando se toman medidas jurídicas firmes el efecto es inmediato: por muy “suave” que haya sido la condena de los líderes independentistas (fruto de una supuesta necesidad de unanimidad), y por muy débil que fuese en su día la aplicación del 155 de la Constitución, lo cierto es que los actuales líderes independentistas, como por ejemplo el presidente del parlamente autonómico, miden de forma mucho más cautelosa sus palabras y actos. Aplicar la ley para detener y revertir el “procés” de ruptura de España es posible. Pero se requiere determinación política.

En este envite de octubre de 2019 en Cataluña nos jugamos el futuro de nuestra Nación, nuestras libertades, la seguridad, la paz y el bienestar de los españoles. Los independentistas vascos y gallegos, los catalanistas de Baleares o de la Comunidad Valencia, los grupúsculos de Andalucía o Canarias… todos ellos miran con expectación la respuesta del Gobierno de España ante el mayor desafío al que se enfrenta la nación en las últimas décadas. Y por desgracia, de momento, no la hay.

 

 

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