El reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos en 2015 muestra como el erario público gastó ese año EUR 264m en financiar a los partidos políticos, mientras que las cuotas de afiliados y donaciones no representaron más de EUR 29m. ¿En qué se gasta todo este dinero? ¿Tiene sentido que el grueso de la carga financiera recaiga en el Estado? ¿No sería bueno una mayor corresponsabilidad por parte de afiliados y simpatizantes en los gastos de los partidos para que así tengan un control real de lo que en ellos ocurre?

La otra gran problemática de la financiación de los partidos es que esta ha sido el origen de los casos de corrupción más famosos de la historia reciente de España: desde Filesa hasta la Gurtel, o la trama del 3% en Cataluña, casos que han dejado fuertemente dañada la reputación de los partidos implicados, y por extensión, al propio sistema democrático. Y aunque se han hecho avances, como por ejemplo la prohibición de las donaciones anónimas, el reciente informe del Tribunal de Cuentas muestra como muchos partidos siguen manteniendo una deliberada opacidad sobre sus cuentas.

Es urgente vincular las aportaciones públicas que reciben los partidos al dinero que sean capaces de captar entre afiliados y donantes. Además, es necesario reforzar las exigencias de transparencia y fiscalización para tratar de sanear la política en España. Detallamos a continuación nuestras propuestas en este sentido.

¿Qué nos cuestan los partidos políticos?

El Tribunal de Cuentas ha publicado recientemente el detalle de las subvenciones que recibieron los partidos en 2015: para gastos Ordinarios EUR 161 millones de euros; y EUR 103m como subvenciones para procesos electorales.

En cuanto a los ingresos privados: i) Cuotas de afiliados 23m. ii) Donaciones 6m. iii) Aportaciones de los cargos públicos 17m (es esta una exigencia de los partidos para que los políticos con un salario público contribuyan con parte del mismo a la financiación del partido; aunque se contabilice como ingresos privados, no deja de ser un subterfugio, ya que no son aportaciones voluntarias).

Pongamos un caso concreto: el Partido Popular ingresó en 2015 EUR 108m, el 92% dinero público, de los que empleó EUR 60m en gastos ordinarios y EUR 43m en gastos electorales. El PP emplea a 460 personas, repartiendo en sueldos y salarios EUR 21m. Todo lo demás son gastos variados (EUR 4m en arrendamientos, EUR 2,5m en encuestas etc), con una amplia partida de “otros servicios” en la que no se puede bucear para saber qué hay dentro. A pesar de esta generosísima dotación pública, el PP tenía al cerrar el 2015 EUR 48 millones en deudas bancarias.

Nuestra propuesta: Equilibrio entre las aportaciones públicas y privadas

El inmenso coste que tienen los partidos solo puede responder a la ineficiencia en el gasto, y al mantenimiento de redes clientelares. Aspectos ambos que solo se pueden reconducir por una vía: cortar el grifo de dinero público. A esto hay que añadir una mayor exigencia de información a los partidos, y mejores mecanismos de control del origen de los recursos con que se financian los PP.

1. Modelo mixto público-privado con el acento en lo privado:

• Proponemos vincular la cantidad de dinero público que un partido político pueda recibir a la cantidad que sea capaz de recaudar entre afiliados y donantes.
  • Que los particulares se mojen primero, apoyando a aquellos partidos en los que confían. De esta forma un partido nunca podría convertirse en un ente ajeno a la sociedad.
  • Un coeficiente –bastante generoso, pero que mejoraría notablemente la situación actual- podría ser 2 euros de dinero público por cada euro de dinero privado.
  • Este sistema facilitaría enormemente el surgimiento de nuevos partidos, rompiendo el monopolio económico con el que los partidos con representación cuentan.
  • En todo caso habría que implantar cuantías máximas de dinero público, así como controles rigurosos para que las donaciones no puedan ser “revertidas” al donante con el solo fin de obtener financiación pública.
• No se debe limitar arbitrariamente la cantidad que pueden aportar los particulares: limitando a 50 mil euros anuales la donación que puede realizar una persona, lo que están buscando en verdad los partidos es impedir que surjan nuevas opciones políticas.

2. Refuerzo de las obligaciones de los partidos:

• Presentación de estados consolidados: Considerar a los partidos políticos (y/o de las empresas, sociedades o fundaciones de él dependientes), como realidades económico-financieras únicas, obligadas a presentar estados consolidados en los que estén integrados, además de los estados contables de su organización territorial, los correspondientes a la actividad desarrollada por otras entidades dependientes o vinculadas. Sólo de este modo se puede obtener una visión global de toda la actividad desarrollada, llevar a cabo un control efectivo de la misma y potenciar su publicidad y transparencia.  Este punto es especialmente relevante en lo que afecta a los Grupos Parlamentarios, cuya indefinición jurídica y contable debe corregirse, ya que son trasuntos de los partidos políticos en las Cámaras y destinatarios de un montante elevado de recursos públicos.
• Control interno: Establecer un sistema común de control interno de sus cuentas; regulando pormenorizadamente los requisitos y las funciones de los responsables de la actividad económico-financiera de los partidos, en los que deberán concurrir la condición de honorabilidad.

3. Mejores controles:

• Fortalecer la posición del Tribunal de Cuentas como único órgano fiscalizador(con potestad inspectora y sancionadora) de la actividad económico-financiera de todos los partidos políticos españoles independientemente de su grado de implantación territorial, de los resultados electorales que pudieran haber alcanzado o del ámbito territorial de las elecciones.
• Adopción de un sistema uniforme de información económico-financierade los partidos políticos para todo el territorio nacional.
• Regular las donaciones que reciban los partidos: las donaciones deben ser auditables en su origen y fiscalizables en su uso y destino.
• Endurecimiento de las penas y responsabilidades derivadas de la financiación irregular de los partidos.
• Eliminar los gastos de seguridad como una partida independiente a los de funcionamiento dentro las subvenciones públicas recibidas por los partidos políticos, como ocurre en la actualidad.

Qveremos unos partidos políticos con una financiación transparente, de fácil acceso y comprensión para los ciudadanos. Cuyo sostenimiento económico recaiga en primer lugar en sus afiliados y no en los ciudadanos. Y cuyo control se encomiende a un órgano imparcial, especializado e independiente del ejecutivo.