
EUTANASIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
- Posted by Qveremos
- On 29th agosto 2022
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Desde Qveremos nos hemos pronunciado en repetidas ocasiones sobre la eutanasia y sobre la Ley aprobada al efecto en España, que supone un menoscabo claro de la dignidad de la persona, una puerta clara a la indefensión de enfermos y personas mayores y una grieta en la relación entre pacientes y facultativos.
Más allá de una cuestión jurídica o moral, es una cuestión antropológica, como ha sido explicado en diversas ocasiones por parte de expertos y médicos, que remiten al Código Deontológico de defensa de la vida como principio de la actuación de los profesionales, así como a la necesidad de trabajar por la mejora de la vida y por la dignidad de la vida de cada persona hasta el final.
Pero más allá de eso, España aprobó recientemente una de las normas más restrictivas en la defensa del derecho a la vida de todas las personas, que cuenta con problemas de todo tipo, tal y como se ha visto en Holanda, como principal y pionero país en el que se han puesto de manifiesto las perversas situaciones que genera este tipo de norma.
Un buen ejemplo de ello lo acabamos de ver estos días en España, donde la solicitud de la eutanasia por parte de un preso ha entrado en conflicto claramente con el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la reparación moral de las víctimas y sus familias. Una nueva demostración de que el mal llamado derecho a la eutanasia es antinatural y contrario a la vida en sociedad.
La “pendiente resbaladiza” que en muchas ocasiones comentan los expertos y que explicaba Lourdes Méndez, en un artículo para Qveremos en 2018, se vuelve a poner de manifiesto en este caso, en el que parece que la eutanasia no encuentra límites, ni siquiera por su colisión con los derechos de otros ciudadanos, que ven limitado su acceso a la justicia por el deseo de, en este caso un presunto delincuente, finalizar su vida.
Todo ello nos permite volver a solicitar la derogación de la Ley de Eutanasia, así como la aprobación y dotación económica de una ley de cuidados paliativos que verdaderamente garantice una muerte digna, con asistencia médica y psicológica, con acompañamiento profesional y con recursos suficientes.
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