El pasado miércoles se celebró en el Congreso de los Diputados un acto organizado por numerosas asociaciones civiles y con participación de varios partidos políticos. El encuentro se enmarcaba dentro de las actividades de la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad y pretendía poner de manifiesto la más firme oposición a la aprobación de la Ley de Eutanasia. Se adhirieron al mismo más de 140 asociaciones, entre ellas One of Us, Fundación Valores y Sociedad, la Asociación Católica de Propagandistas, Fundación Villacisneros o Qveremos.

Por los grupos políticos asistió el Partido Popular, liderado por Ana Pastor y José Ignacio Echaniz; VOX, con Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona; UPN, con Carlos García Adanero; y Foro Asturias, representado por Isidro Martínez. Junto a ellos asistieron 25 Diputados de las distintas formaciones políticas citadas.

El acto fue presidido por Jaime Mayor Oreja y en él que tuvo una participación significativa Manuel Martínez-Sellés, Presidente del Colegio de Médicos de Madrid, quien en una brillante intervención destacó la perversión de la eutanasia y su absoluta contradicción con la praxis médica y la deontología profesional, máxime en un país que sigue suspendiendo de forma escandalosa a la hora de ofrecer unos cuidados paliativos suficientes, serios y eficaces.

Podemos decir que fue un momento de ESPERANZA en medio de la desolación y el retroceso que plantea esta ley y salimos del Congreso de los Diputados con la satisfacción de ver a tantas asociaciones de la sociedad civil unidas en defensa de la vida y con el compromiso de los partidos políticos presentes de derogar esta ley en cuanto sea posible.

Por desgracia, al día siguiente asistimos en ese mismo lugar a un hecho PERVERSO, pues la Cámara Baja confirmó la aprobación de la ley, pasando a España a ocupar el dudoso honor de convertirse en el quinto país del mundo en regular el derecho a matar, tras el BENELUX y Canadá.

Esta Ley, aprobada con nocturnidad y alevosía, ha sido un constante atropello pues no se ha escuchado a los profesionales sanitarios, se ha ignorado al Comité de Bioética y supone legislar contra el criterio deontológico, la praxis médica y el juramento hipocrático; por no hablar de la inexplicable urgencia en aprobar esta ley en mitad de una pandemia que precisamente ha impactado de forma dramática en tantas personas mayores y enfermas.

Todos tenemos obligación de dar la batalla en este asunto capital que ataca de forma tan agresiva la más elemental dignidad humana y para ello debemos hacer frente a la manipulación y al engaño constante que existe sobre este tema.

• La eutanasia NO ES MUERTE DIGNA. La eutanasia es simplemente muerte, sin discusiones, adjetivos ni términos medios.

• La eutanasia NO ES MUERTE SIN SUFRIMIENTO. Frente a la enfermedad, el sufrimiento y el dolor lo único que ofrece la eutanasia es la muerte, sin más opciones.

• Lo único que garantiza una MUERTE DIGNA, una MUERTE SIN SUFRIMIENTO y el cuidado del enfermo son los CUIDADOS PALIATIVOS.

Es dramático, vergonzoso y escandaloso que se apruebe una Ley de Eutanasia, al mismo tiempo que España ocupa el puesto 23 en cuidados paliativos del mundo… El 50% de los enfermos que requerirían cuidados paliativos en nuestro país no los reciben ni pueden tener acceso a ellos. Y somos de los pocos países de Europa en los que los cuidados paliativos no son una especialidad médica propia.

Por lo tanto, es evidente que el Gobierno no tiene interés en ofrecer una “muerte digna” o una “muerte sin sufrimiento” como se nos pretende vender, pues si así fuera invertirían en cuidados paliativos y en la atención de los enfermos. Lo único que hace el Gobierno es ignorar a los enfermos, no atenderles en el dolor y en el sufrimiento, y ofrecerles como solución y alternativa la simple muerte. No una muerte digna ni sin sufrimiento, sino simplemente la muerte.

Comprometámonos todos a dar esta batalla, pues en ella se juega el futuro de nuestra sociedad. Esperemos que algunas Comunidades Autónomas entorpezcan su aplicación, que la cuestión sea elevada al Tribunal Constitucional por su manifiesta inconstitucionalidad, siguiendo el ejemplo de nuestro país vecino Portugal, y que se respete y proteja el derecho a la objeción de conciencia por parte de todos los profesionales médicos.