España no puede estar a la cola de la Transparencia

La transparencia en el ejercicio del poder político y en el manejo de los recursos públicos es una exigencia en todas las democracias contemporáneas. Los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué se gastan nuestros impuestos, y más en un país como España, en el que la presión fiscal es altísima y en el que estamos viviendo una crisis económica en gran parte provocada por la mala gestión del dinero público.

España fue el último país de la Unión Europea en aprobar una Ley de Transparencia, que entró en vigor en diciembre del año pasado: fue una buena iniciativa, pero se ha quedado muy corta. Según el informe de las organizaciones “Access Info” y “Center for Law and Democracy”, de 100 leyes analizadas nuestra Ley se sitúa en el puesto 64.

En este artículo qveremos proponer medidas concretas para que la Transparencia se convierta de forma efectiva en un valor esencial de la actuación pública. Confiamos en que los cambios regulatorios “calen” poco a poco en los gestores públicos: en último término es la mentalidad la que debe cambiar.

 

PRINCIPALES FALLOS DE LA REGULACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA

La Ley de Transparencia obliga a todas las entidades públicas (o de relevancia pública) a publicar su información económica, presupuestaria y estadística. Se incluyen los contratos, las subvenciones, el presupuesto, y otra serie de cuestiones cuya publicación debería, en teoría, suponer que cualquier ciudadano pudiese acceder a dicha información de manera sencilla y comprensible.

Sin embargo:

  1. La información se publica de manera confusa, de tal forma que su análisis no es sencillo para un profano. La cantidad de información que se publica es razonable, pero la calidad de la misma es muy mejorable, ya que no existen parámetros claros que determinen cómo debe realizarse dicha publicación.
  2. Límites difusos sobre el derecho de acceso a la información:la Ley de Transparencia establece unos límites muy amplios al derecho al acceso, que además están redactados de manera muy laxa. Sin duda esto permitirá a las Administraciones evitar dar acceso a la información que les sea más “incómoda”.
  3. Regulación ambigua sobre el Buen Gobierno: la Ley de Transparencia establece una serie de principios de actuación sobre materias tan importantes como los conflictos de intereses, la imparcialidad, la recepción de regalos, etc., que se regulan de manera ambigua y que no encuentran un correlato real en las infracciones y sanciones que la Ley prevé para los supuestos en que dichos principios se incumplan.

Por otro lado, debe abordarse con seriedad el problema de los conflictos de intereses entre los gestores públicos y el sector privado. La ley del alto cargo de la Administración General del Estado, que acaba de ser aprobada, trata de solucionar el problema de las “puertas giratorias”, pero creemos y qveremos pensar que puede avanzarse aún más en este asunto.

  1. El órgano que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia no es independiente:el Consejo de Transparencia no es un órgano verdaderamente independiente, ya que su Presidente y miembros más relevantes son nombrados por el Gobierno.
  2. No hay regulación sobre los “lobbies”:el mundo “parapolítico” de los lobbies y grupos de presión están en permanente relación con los partidos políticos y con los gobernantes de un modo absolutamente opaco para la ciudadanía. Muchas veces los gobernantes o determinados políticos pagan o reciben favores de determinados colectivos sin que la sociedad tenga la más mínima idea de que eso está sucediendo.

MEDIDAS PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA

  1. Mejorar la Ley de Transparencia actualmente en vigor: debe publicarse la información con claridad. Es especialmente importante la publicación ordenada y detallada de los contratos menores y de las modificaciones de todos los contratos, así como de los informes técnicos y documentos de trabajo anexos a todos los expedientes administrativos que impliquen el uso de recursos públicos.
  2. Extender a las Administraciones Autonómicas y Locales la normativa sobre conflictos de interés y sobre el correcto ejercicio de un alto cargo.
  3. Reformular el Consejo de Transparenciapara que esté compuesto por expertos independientes. Sería muy conveniente implicar a auditoras externas (nacionales e internacionales con experiencia en temas de transparencia), en el examen de cuál es el nivel de aplicación de la Ley por parte de las Administraciones.
  4. Reforzar la regulación sobre el conflicto de intereses:todos los cargos públicos deberían publicar una declaración de bienes y actividades al llegar al cargo, y durante al menos cinco años después de dejarlo, para asegurar que no entran en situaciones de ventaja. Además, debe promoverse que la dedicación exclusiva a los cargos públicos se cumpla al cien por cien.
  5. Aprobar una Ley que regule la actividad de los lobbiesy de los grupos de presión para que la influencia de estos colectivos en las decisiones políticas sea transparente y pueda ser objeto de control y discusión por los ciudadanos. Además, sería conveniente que las empresas que reciban dinero público sean a través de contratos o de subvenciones hagan pública dicha información.

Qveremos que los administradores de lo público sean verdaderamente responsables ante la sociedad a la que sirven. Hay que abrir las ventanas de la Administración Pública para que entre la luz: el escrutinio público permitirá acabar con buena parte de las malas prácticas que sufrimos en la gestión de lo público.

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