Llevamos varios días en los que tanto en Barcelona como en Madrid, así como en otras ciudades de España, se están produciendo disturbios, destrozos de mobiliario público, asaltos a comercios, actos violentos y agresiones a policías, guerrilla urbana promovida por grupos que se hacen llamar antifascistas. Pero lo preocupante, y verdaderamente grave, es que estos salvajes están siendo alentados por miembros del Gobierno de la Nación y algunas instituciones públicas que sostenemos los españoles, aquellos españoles que procuramos construir en lugar de destruir.

Para esta ocasión, la excusa barata que están empleando estos grupos subversivos, alentados activamente por la extrema izquierda y con su pasividad por la izquierda, es la detención de un delincuente, Pablo Rivadulla (más conocido como Pablo Hásel), sobre el que recae una sentencia judicial por la que se le impone una pena de ingreso en prisión. Entre los muchos delitos que ha cometido este rapero, más conocido por ellos que por sus canciones, encontramos la agresión a un periodista, el enaltecimiento del terrorismo o la agresión a un testigo en un juicio; trayectoria criminal nada desdeñable para alguien que escasamente supera los treinta años. Pero parece que para algunos esta trayectoria criminal no es suficiente para ingresar en prisión, sino que les pregunten, entre otros, al Vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o al exdiputado Juan Antonio Delgado, hoy colocado como asesor del Ministro del Interior, que defienden la puesta en libertad de este delincuente.

En España hoy, nadie sensato puede afirmar que encarcelan a alguien por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión, sino que esto se produce por incumplir la ley. Ley que ha incumplido Pablo Hásel en numerosas ocasiones y que, dadas las circunstancias, lo único que cabría preguntarse es por qué este individuo no estaba ya en prisión mucho antes. En un país serio, no puede haber personas que se consideren impunes a las sentencias judiciales y que no respeten el cumplimiento del ordenamiento jurídico ni las normas más elementales de convivencia. La libertad de expresión goza en España de la más alta protección constitucional ya que: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (…)” tal y como se recoge en nuestra Carta Magna.

Este sujeto que ya se encuentra en prisión, muy envalentonado tiempo atrás, ha alentado en numerosas ocasiones agresiones a guardias civiles y policías pero, paradojas de la vida, cuando los Mossos d´Esquadra iban a proceder a su detención, éste se encontraba escondido en un aula, cerrada con candado, de la Universidad de Lérida, llena de barricadas y rodeado de los violentos que le acompañan. En definitiva, un valiente pero desde lejos que no cuenta con ninguna autoridad moral ni material para dar lecciones a nadie ni para ser ejemplo de nada bueno.

Desde Qveremos no podemos sino reafirmarnos en nuestra defensa de las sentencias judiciales, el respeto a la libertad de expresión y el cumplimiento de la ley, nuestro apoyo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velan por el orden público y los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y comprensión y ánimo a los españoles de bien que sufren los actos de los radicales en nuestras calles. No podemos tolerar que hechos delictivos como los cometidos por Pablo Hásel y la violencia callejera de los radicales que lo defienden queden impunes.