El Tribunal de Cuentas: un cortafuegos contra la corrupción

Dentro de los diferentes controles que se establecen para el buen uso del dinero en el sector público, el Tribunal de Cuentas tiene asignadas varias tareas clave: i) Fiscalizar que los gastos se han realizado de acuerdo a los principios de legalidad y buena gestión. ii) Controlar las subvenciones otorgadas por el sector público. iii) Controlar la financiación de los partidos políticos.

Como salta a la vista, son todos ellos temas muy relevantes y que han sido un foco de corrupción y de mal uso del dinero público.

Quizás por ello se le han cortado las alas desde el poder político: Sus miembros son elegidos por el Parlamento, no en función de sus conocimientos y experiencia, sino de su vinculación política. Sus informes son meramente informativos. Y no tiene capacidad real de imponer sanciones y exigir responsabilidades por el mal uso del dinero. Es en definitiva un convidado de piedra que asiste impotente a las malas prácticas de los políticos en España.

Qveremos dotar de independencia real y capacidad de acción al Tribunal de Cuentas: es un cortafuegos imprescindible contra la corrupción y el despilfarro. No podemos prescindir de él.

Una institución irrelevante… porque así se ha querido

El sistema de fiscalización de las cuentas públicas se crea en base a tres instancias: i) La aprobación parlamentaria de los presupuestos; ii) el control de la Intervención del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en la ejecución del presupuesto; iii) la fiscalización de que el gasto ha sido bien realizado. Esta tercera instancia es la que depende del Tribunal de Cuentas: Controla que el Ejecutivo emplea las partidas presupuestarias de acuerdo a lo aprobado. Todos ellos son filtros necesarios para que los ciudadanos puedan estar tranquilos de que su dinero se gasta de forma correcta, de acuerdo a la ley.

Sin embargo hay numerosos fallos en el diseño del Tribunal de Cuentas, que lo convierten en un órgano irrelevante:

1. Falta de independencia:a los miembros del Tribunal de Cuentas los eligen el Congreso y el Senado por periodos de 9 años. No se imponen requisitos reales de capacidad y experiencia para poder ser elegido: el Tribunal se ha convertido en una institución más para “colocar” políticos y amigos.
2. Carácter meramente consultivo de sus informes:como resultado de su labor de auditoría de las cuentas públicas, el Tribunal de Cuentas elabora un informe con las infracciones, los abusos y las prácticas irregulares que ha observado. Específicamente menciona en qué responsabilidades han incurrido los gestores públicos y qué medidas se deben implementar para exigirla. Pero ahí se acaba su labor. Exigir responsabilidades queda al arbitrio de los políticos. Que evidentemente evitan tirar piedras contra su propio tejado.
3. Nula transcendencia en la exigencia de la “responsabilidad contable”: una de las competencias del Tribunal es exigir la responsabilidad contable a los gestores de dinero público, esto es, exigir responsabilidad civil por los daños que haya sufrido el erario público consecuencia del mal uso del dinero público. Por desgracia la capacidad real que tiene de imponer sanciones es mínima.
4. Multiplicidad de “Tribunales de Cuentas” autonómicos:cada Comunidad Autónoma ha creado su propia cámara de cuentas, sujeta a su propia legislación autonómica. No hay un marco común que delimite qué corresponde a cada una, existiendo un grave solapamiento de funciones, y no hay un ordenamiento armónico de sus funciones.

Medidas para la reforma del Tribunal de Cuentas

Dentro de la necesaria regeneración institucional, tan anhelada por la sociedad, la reforma del Tribunal de Cuentas se coloca en uno de los primeros lugares: Debería ser el verdadero garante de la transparencia. Aquí proponemos una serie de medidas para lograrlo:

1. Independencia y capacitación de sus miembros:Para ser elegidos sus miembros deberían demostrar experiencia real y relevante en el ámbito de la auditoría. Además, no deberían poder ser elegidas personas que hayan ejercido funciones políticas en los últimos 8–10 años.
2. Dotar de medios reales para exigir responsabilidad por el uso del dinero público:
   1. Posibilitar que el Tribunal de Cuentas imponga sanciones de inhabilitación para el ejercicio del cargo público a los políticos que hayan sido condenados por mala gestión de los recursos públicos (aún sin que exista corrupción).
   2. Potenciar la exigencia de responsabilidad civil (patrimonial) de los gestores que hayan hecho mal uso de los recursos públicos.
3. Devolver al Tribunal de Cuentas el control efectivo sobre el conjunto de las cuentas públicas: Reordenar el ámbito competencial de los entes autonómicos, permitiendo que sea el Tribunal de Cuentas el que armonice los criterios de fiscalización de las cámaras de cuentas autonómicas
4. Dotar de recursos legales para garantizar la eficiencia de los informes del Tribunal de Cuentas:
   1. No puede ser que hay partidos y administraciones que se nieguen a dar información al Tribunal, como de hecho pasa, y esto no tenga mayor transcendencia. El Tribunal de Cuentas debería tener medios que le permitan ser ejecutivo contra este tipo de actuaciones.
   2. Dar publicidad a los informes de forma más “comprensible” para el ciudadano de a pie, de modo que los medios de comunicación se puedan hacer eco de las arbitrariedades y abusos cometidas por políticos y funcionarios.