Recientemente el Gobierno Regional de Madrid que Ud. preside ha impulsado la promulgación de una ley contra la LGTBIfobia (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). Una ley de una radicalidad y sectarismo no visto con anterioridad en España, y que supone un ataque frontal a la libertad de conciencia y de expresión.

Ud. tiene para muchos votantes del PP –quizás poco informados- una imagen de “centrismo” y renovación. Debe ser que no conocen el contenido de la nueva Ley:

1. La Ley asume desde su preámbulo los postulados de la ideología de género, por los que se desliga la realidad física masculina o femenina, de la “identidad sexual o género”: “En la persona imperan las características psicológicas que configuran su forma de ser y se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física”. “La libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental”.
2. Por ello permite que se sea el individuo el que -al margen del sexo que le corresponda por su anatomía- decida subjetivamente cómo quiere ser tratado,conforme a la sexualidad que cree o desea tener: así por ejemplo se prevé que “si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el alumnado, garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios”. La norma jurídica aplicable no depende ya de hechos objetivos sino de la subjetividad del individuo, lo que supone crear una situación de desigualdad manifiesta con el resto de los ciudadanos.
3. Se prevé que en la Comunidad de Madrid se imponga a todos los niveles y etapas formativas, y en todos los centros educativos, la introducción de la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, y los diferentes modelos de familia, en un nivel de igualdad con la heterosexualidad o con la familia natural formada por un hombre y una mujer con sus hijos.
4. Se obliga a los centros educativos a desarrollar acciones de fomento de la“ideología de género”, en especial, en la fechas conmemorativas de los movimientos LGTBl, a impulsar políticas activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI, a que los colegios e institutos madrileños cuenten con un fondo bibliográfico específico LGTBl suministrado por la Administración regional.
5. Se elimina el principio de la presunción de inocencia, mediante la inversión de la carga de la prueba (artículo 48), considerándose a cualquier acusado de homofobia culpable mientras no demuestre lo contrario.
6. La ley condiciona la obtención de subvenciones a que las empresas o instituciones difundan la ideología de género, y llega a prohibir contratar a las administraciones con aquellas empresas que no hagan suya dicha doctrina, pudiendo incluir los plieguos de contratación condiciones específicas al respecto.
7. En base a una presunta discriminación histórica, se reconoce al movimiento LGTBl y a los grupos que lo integran o apoyan, un conjunto de privilegios sin parangón, y que no tienen otra explicación que el deseo de lograr en el corto plazo el adoctrinamiento de la sociedad, en especial, de la infancia y de la juventud.

Los efectos de esta Ley son devastadores:

• El primero y más perverso: plantear a un niño o un adolescente que pueda elegir su identidad sexual al margen de su anatomía o del sexo con el que ha nacido, constituye un abuso de su sexualidad y su libertad, pues estos, al no haber finalizado su desarrollo psicosexual, no tienen capacidad suficiente para entender las implicaciones y condicionamientos que una opción como esta comporta para su vida futura.
• La pretensión de esta Norma de imponer a los niños lo que deben pensar desde su más tierna infancia, si es necesario en contra de la opinión de sus padres, es una intromisión gravísima en el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y los contenidos educativos que reciben, muy especialmente en aquellas cuestiones que afectan a sus creencias personales o a sus principios morales (baste como ejemplo la afirmación que se realiza en en el mismo preámbulo: “En los países de tradición judeo cristiana y buena parte de los de tradición islámica, la identidad de género fue asociada a la homosexualidad y por tanto proscrita, primero como transgresión de la norma religiosa y como violación de las normas penales después.”)

Una parte de la sociedad civil ha reaccionado a la imposición ideológica a la que aspira la ley. Así, los obispos de Getafe y Alcalá de Henares han publicado una carta criticando el contenido de la ley. De forma sorprendente en una sociedad democrática, en la que los ciudadanos son libres de expresar sus opiniones sobre la acción de los gobiernos, esto ha dado lugar a que el denominado “Observatorio Español contra la LGTBlfobia”, subvencionado por el Gobierno de España (PP) y que actúa en colaboración con la Comunidad de Madrid (PP), haya denunciado a ambos obispos.

Para mayor escarnio, al tiempo que se cursaban las denuncias, Ud., Sra Cifuentes, afirmaba “respetar” la opinión de los obispos, y no obstante insistió en que “la ley se va a cumplir”. Viene a la mente su actuación con los diputados regionales que se negaron a votar la proposición No de Ley a favor de la gestación subrogada, cuya acción Ud. declaró “absolutamente normal”, al tiempo que les imponía sanciones económicas.

¿En qué quedamos Sra. Cifuentes? ¿Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que se va a respetar su libertad de expresión o van a ser perseguidos si discrepan de la Ley? ¿Tenemos los ciudadanos (no sólo los obispos, que también lo son) en ejercicio de este derecho la libertad de expresar sin censura o amenaza nuestras opiniones sobre la homosexualidad, la unión de parejas de homosexuales, la conveniencia de que se les reconozca el derecho a la adopción u otros derechos civiles, o a que se financien y se promuevan con fondos públicos a los grupos y asociaciones LGTBl? ¿Vamos a ser perseguidos por la Administración que usted preside o por grupos ideológicos LGTBl si nuestras opiniones son discrepantes con el contenido de esta norma ideológica cuya aprobación usted ha impulsado?

Conviene recordar a nuestros políticos que el respeto y la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas no es una opción sino una obligación constitucional (artículo 53 CE), y resulta Sra. Cifuentes que entre los derechos fundamentales que recoge nuestra Norma Constitucional se encuentra en el artículo 20 el derecho de cualquier español a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones y a no ser perseguido por ello.

La regulación de este derecho, por su importancia, sólo cabe hacerla por ley orgánica y respetando en todo caso su contenido esencial, lo que conlleva un procedimiento con un quorum reforzado para su aprobación por el Congreso de los Diputados. La libertad de expresión tiene sus límites, que el Tribunal Constitucional se ha molestado en ir matizando a través de una extensa jurisprudencia, por ejemplo, cuando afirma que la libertad de expresión no ampara la injuria, el insulto o la mentira. Pero en líneas generales, y como corresponde a un estado democrático, ha dado preferencia a la libertad de expresión frente a otros intereses que pudieran colisionar con este derecho por muy molestos que puedan resultar para algunos grupos o colectivos sean estos de la ideología que sean, debido a la primacía de los bienes que se protegen con el ejercicio de este derecho íntimamente relacionado con el de la libertad de conciencia.

Sra. Cifuentes, ante la discriminación y el odio todos los ciudadanos sin excepción e independientemente de su sexo u orientación sexual deberían estar protegidos de igual manera por la ley, y no en función de la materia objeto de afrenta o de situaciones subjetivas de apreciación personal como pretende esta norma ideológica. ¿Tan difícil es diferenciar lo que constituye un insulto, una injuria o una agresión contra personas homosexuales o que tengan causa en su orientación sexual, de lo que son materias opinables que entran dentro de la libertad de conciencia y expresión de cada cual?

Peligroso camino es Sra. Cifuentes el emprendido por la Ley cuya aprobación responde a la presión ejercida desde hace años por determinados grupos ideológicos cuyos intereses particulares nada tienen que ver con satisfacción del interés general que debe perseguir la promulgación de cualquier Ley.

Los poderes públicos en una sociedad democrática y libre tienen la obligación de mantenerse neutrales en aquellas cuestiones que afectan al ámbito privado de la conciencia de cada persona, y no tomar partido por ninguna ideología concreta cuyo fin sea adoctrinar a los ciudadanos, como tampoco deben hacerlo a favor de ninguna religión en particular, razón por la cual nuestra Constitución define a España como un estado aconfesional.

Es verdad que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero no es menos cierto que lo que caracteriza a las democracias verdaderas es el respeto por parte de los poderes públicos del derecho de sus ciudadanos a expresar todas las opiniones sean estas mayoritarias o minoritarias. Nada hay más antidemocrático que tratar de imponer una determinada ideología negando mediante la promulgación de normas injustas el derecho a los ciudadanos a expresar en público o privado su discrepancia con dicha ideología. Esto sencillamente se llama censura.

Sra. Cifuentes, ¿se ha planteado usted qué sucederá cuando un profesor católico de los que están de acuerdo con sus obispos, que son la mayoría aunque usted lo niegue, explique en una clase a sus alumnos que no es equiparable conforme a la moral cristiana o a la moral de otras confesiones, la unión entre hombre y mujer con las uniones de personas del mismo sexo? ¿Y qué pasará cuando sea un padre o una madre quién lo explique a sus hijos? ¿No es esta una opinión que entra dentro de la libertad de conciencia de cada persona y de su derecho a expresarla?

Ningún católico sincero insultará o agredirá a un homosexual, a una lesbiana o a un transexual por el hecho de serlo, pues eso iría en contra de la moral católica, y si esto sucede los obispos, serán los primeros en censurar y denunciar estas acciones. Ahora bien, una cosa es esta y otra muy distinta es obligar a los ciudadanos y, en especial, a los católicos, a asumir como propias las opiniones de un lobby o grupo de presión como es el movimiento gay, o lo que ya es el colmo, obligarles a difundir los postulados doctrinales de la “ideología de género” si no quieren ver menoscabos sus derechos y libertades o ser sancionados.

Hoy más que nunca, Qveremos se posiciona en defensa de los derechos y libertades que nuestro Estado Democrático y de Derecho reconoce a todos los españoles sin distinción de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, lo que exige hacer frente con todos los medios legales a nuestro alcance a aquellos que, como usted, Sra. Cifuentes, y el resto de partidos que han votado a favor de esta indigna Ley, permiten la promulgación de normas restrictivas de derechos fundamentales tan importantes para la democracia como es el de la libertad de expresión. Por eso daremos la batalla de las ideas contra los que en nombre de la igualdad y la no discriminación, impulsan la aprobación de normas adoctrinadoras, y amenazan a los ciudadanos con la imposición de sanciones sino se pliegan y aceptan el modelo de pensamiento único que pretenden imponer.

Utilizar la fuerza de la ley para amedrentar bajo la amenaza de la multa a aquellos ciudadanos cuyas creencias no son los de la ideología dominante o la que se quiere imponer como única, es impropio de una democracia moderna, y sí de los sistemas totalitarios que no respetan la pluralidad de opiniones o el pensamiento diverso.

Alvar Fáñez