A toda persona que desarrolle una actividad o función de relevancia, ya sea en el ámbito de la vida pública o en el sector privado, se le puede y debe exigir (al margen de la competencia profesional que se le supone) una serie de cualidades morales mínimas. Cualidades como el honor, la ejemplaridad o la honestidad, de las que nadie puede dudar y que, en el caso de los miembros del Consejo de Ministros, estas exigencias deben ser máximas.

Pues bien, para desgracia de todos los españoles vemos repetidamente como se normaliza el engaño, la trampa o la ilegalidad en el hacer (y también en el deshacer…) de los ministros que nos gobiernan. Pero si hay un ejemplo característico, un ejemplo de manual, es el del Ministro del Interior Grande-Marlaska que, en un ejemplar ejercicio de transformismo, ha sido capaz de abandonar los principios directores de la Magistratura para abrazar la arbitrariedad en la toma de decisiones y la ilegalidad en su actuación, imponiendo un criterio ideológico que arrasa con todo.

Es también justo decir que no solo tenemos malos ejemplos entre nuestros servidores públicos, sino que también tenemos casos radicalmente opuestos en los que la profesionalidad, el buen hacer, la vocación de servicio, el respeto a la ley y a las instituciones son el común denominador de su actuación. Entre estos españoles de primera encontramos, sin duda, al Coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos.

Como todos saben, el coronel Pérez de los Cobos, que ostentaba el mando de la Comandancia de Madrid, fue destituido por el Ministro del Interior y la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, actuando esta última como cooperadora necesaria para la ejecución de esta orden ilegal e injusta. Ilegal, como así recoge el fallo de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, porque queda demostrado que el cese “estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban”, ley que seguro conocía el ministro en su calidad de magistrado. Cese, afirma la sentencia, debido “a que el Coronel no llevó a cabo el acto abiertamente ilegal que de él se esperaba” consistente en informar de una investigación reservada que estaba llevando a cabo la Guardia Civil, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia que el Coronel mandaba, en el marco de la causa sobre el 8-M que instruía la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, algo que la ley prohíbe.

Esta ilegalidad, acosada por la discrecionalidad y la arbitrariedad, supuso la dimisión del DAO (principal mando operativo de la Guardia Civil), el Teniente General Laurentino Ceña, algo inédito y grave en una España en estado de alarma. Podemos afirmar una vez más que, con sus actos y no palabras, la Guardia Civil, en la figura del Coronel Pérez de los Cobos, ha actuado en consonancia con los principios y valores recogidos ya en 1845 en la Cartilla del Guardia Civil (principal código moral y de conducta de sus miembros) y que, lo en ella contenido, tiene hoy más vigencia que nunca. Es en esa misma Cartilla, en su artículo 18, donde se recoge que una de las primeras armas del Guardia Civil debe ser la persuasión y la fuerza moral, de la que sin duda el Coronel ha hecho gala durante todo el proceso judicial, perseverando para que se cumpla la ley, actuando con firmeza, prudencia y sin debilidad.

En cambio, por el otro lado nos encontramos con la soberbia de un ministro que, pese a conocer la ilegalidad de sus decisiones no es capaz de responsabilizarse de ellas, ni siquiera de enmendar sus malas acciones pese a que haya una sentencia judicial de por medio. España no se merece un Ministro del Interior así, que carece de toda autoridad moral para seguir siéndolo, al igual que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defiende a su ministro a sabiendas de que incumplió la ley. Ni la Guardia Civil ni el Cuerpo Nacional de Policía se merecen que su mando político recaiga en un transgresor reincidente de la legalidad que ellos tienen la obligación de defender. Merecen que quien les lidere destaque por la ejemplaridad en todas sus actuaciones, que no interfiera en la independencia de las investigaciones policiales, alguien que les defienda y vele por ellos, en lugar de dejarles vendidos a la mínima ocasión con objeto de pagar facturas políticas.

Una vez pasados unos días desde que fuese emitida la sentencia, en la que se reconoce que fue una decisión arbitraria, ilegal e inmoral, que aún hoy despliega sus efectos perversos, ya no queda otra cosa al Ministro del Interior y a la Directora General de la Guardia Civil que, si les queda algo de dignidad, resarzan del daño causado al Coronel, al conjunto de Guardia Civil y a toda la sociedad española para que, de una vez por todas, “nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad”, mucho menos si la arbitrariedad viene de un ministro del Gobierno de España.

Foto: Ministerio de Defensa