Se acerca la festividad de los Reyes Magos, el momento en que los católicos celebramos la epifanía de Cristo. Esta festividad de la Iglesia Católica tiene un especial arraigo en España, en donde los Reyes Magos se toman la molestia de pasar por las casas dejando regalos.

En este sentido, la festividad de los Reyes Magos incorpora un aspecto propio en España, es un balance del año. La llegada de los Reyes Magos a cada casa y, en especial, los regalos que se reciben tienen que ver con lo bien o mal que uno se haya comportado, al punto de que aquel que no ha cumplido en el año sus Majestades se lo hacen ver entregándole carbón.

Este balance no es exclusivo de las familias, también corresponde a los políticos, instituciones y cómo no al presidente del gobierno. Por eso resulta muy pertinente la pregunta que circula por las redes preguntando si los Reyes Magos irán a Moncloa y, en ese caso, ¿qué traerán?

¿Qué le regalarías a Pedro Sánchez? #YaVienenLosReyes @sanchezcastejon pic.twitter.com/CnUpVYgws3

— Qveremos (@qveremos) December 28, 2020

Para tratar de adivinar los regalos que puede esperar Pedro Sánchez conviene hacer un balance de su actividad este año. Balance que sólo puede hacerse valorando si el presidente en su acción de gobierno ha buscado el bien común de los españoles, que es lo que corresponde a todo gobernante. Este análisis lo vamos a hacer desde tres perspectivas: proyectos legislativos, defensa del estado de derecho y la forma de gobernar.

Proyectos legislativos

A nivel legislativo dos han sido los grandes proyectos legislativos del año: la Ley Celaá y la Ley de Eutanasia.

La Ley Celaá, recién aprobada por el Senado en Navidad sin aceptar ninguna enmienda de la oposición, como ya explicamos en Qveremos, es una ley liberticida, adoctrinadora y estatista.

Liberticida porque limita al máximo, por no decir que anula, la libertad de creación de centro, la libertad de elección de centro educativo y no garantiza la enseñanza en español como lengua vehicular.

Adoctrinadora, porque además impedir una cierta libertad de currículum en los centros instrumentaliza el sistema educativo para transmitir la ideología del gobierno de turno a través de la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía; de la inclusión de la perspectiva de género en el currículum de secundaria y la devaluación de la asignatura de religión.

Estatista porque, contraviniendo la lógica del principio de subsidiariedad, instituye al Estado como el principal educador marginando a la iniciativa social, a la que sólo da cabida en la medida que el Estado desee.

La Ley de Eutanasia deja sin protección alguna la vida en España. Si las sucesivas leyes del aborto dejaron en la absoluta indefensión la vida naciente, con la ley de eutanasia se abre la veda contra la vida del sufriente, del doliente, del enfermo crónico, de la persona con discapacidad, en definitiva, del débil, del necesitado. Una ley aprobada sin solicitar ningún informe preceptivo del Consejo de Estado, del Comité de Bioética de España, sin escuchar a los expertos sanitarios, sin debate social y sin la existencia de ley de cuidados paliativos que abra otras posibilidades distintas de la muerte para aquellos enfermos que sólo desean aliviar el sufrimiento. España, con 99.147 abortos en 2019, y tras la aprobación de la eutanasia se convierte sin duda en el reino de la muerte.

Destinar más recursos al aborto que a ayudar a la maternidad, desproteger la vida, ofrecer la muerte como remedio al sufrimiento, eliminar la libertad de educación, utilizar con fines adoctrinadores el sistema educativo o expulsar a la iniciativa social del ámbito educativo no parecen formas de promover el bien común sino más bien lo contrario.

Defensa del estado de derecho

La premisa de todo Estado de Derecho es el respeto al principio de división de poderes, sino se respeta este principio no existe verdadera democracia ya que el sistema democrático requiere de un orden jurisdiccional independiente que controle la actuación de los poderes públicos y su sometimiento a la ley y al derecho.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez, lejos de respetar la división de poderes, ha presentado una Proposición de Ley Orgánica para que se modifique la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con el fin establecer un régimen jurídico restrictivo en cuanto a las funciones que puede llevar a cabo el CGPJ una vez caducado su mandato, limitando estas, para evitar que pueda realizar nombramientos de jueces y magistrados. La intención que hay detrás de esta modificación legislativa es evitar designaciones de magistrados claves en la cúpula judicial que pudieran representar un obstáculo para la consecución de los intereses políticos del Gobierno como está sucediendo en Cataluña con los independentistas y su deseo de indultarles.

La reforma propuesta ha sido recibida con mucha frialdad por las instituciones europeas hasta tal punto que la Comisión Europea preocupada por la deriva que está sufriendo España, ha advertido al Gobierno que cuando un Estado miembro emprende una reforma de su sistema judicial debe consultar antes los cambios con las partes afectadas y con el Consejo de Europa.

Por esta razón el Pleno del CGPJ ha pedido al Congreso que: (i) le solicite informe sobre la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos; (ii) escuche a las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia; y (iii) solicite informe a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa responsable de velar por el respeto del estado de derecho.

Bruselas avisa a España que debe garantizar la independencia judicial (elperiodico.com)

Por si esto no fuera poco, el Gobierno pretende también modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial reduciendo las mayorías necesarias a fin de poder renovarlo sin el consenso necesario de la oposición, sustituyendo los actuales 3/5 para los 12 miembros de procedencia judicial designados por el legislativo, por mayoría absoluta en ambas cámaras.

El CGPJ denuncia las injerencias del Gobierno en la independencia judicial | El Imparcial

El proyecto de modificación ha provocado que la Unión Europea haya remitido un escrito a España, advirtiéndole que la pretendida reforma se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros. Ante esta advertencia, el Gobierno parece que ha dado marcha atrás anunciando que quiere alcanzar una solución pactada con la oposición, pero es una muestra más de la política de acoso y derribo emprendida por este Gobierno contra el poder judicial y su independencia.

No se debe olvidar tampoco la falta de independencia de la Fiscalía General del Estado como muestra el hecho de que la duración del cargo del fiscal general del estado coincida con el del gobierno que lo nombra. La necesidad de una reforma del Estatuto fiscal para dotar a esta institución de la debida independencia del ejecutivo también ha sido recordada por las instituciones europeas, sin embargo, el Gobierno en su deseo indisimulado de controlar las instituciones del Estado y someter a estas a sus criterios políticos, ha nombrado a la antigua ministra de justicia, Fiscal General del Estado, lo que es un claro signo de la forma autoritaria y nada democrática de gobernar de este ejecutivo.

Por lo demás, son permanentes las declaraciones y críticas de miembros del Gobierno contra las resoluciones dictadas por jueces y magistrados ya que estas parecen dificultar su agenda política (ej: sentencia sobre la aplicación del tercer grado a los golpistas catalanes; sentencia sobre la repetición del juicio del caso Bateragune …).

En definitiva, el Gobierno pretende una politización de la justicia reduciendo su independencia para que esta no constituya un obstáculo para la consecución de sus objetivos políticos.

En el caso de España nuestro ordenamiento jurídico cuenta con una institución propia, la Corona, a quien corresponde no sólo representar la continuidad histórica de la nación española sino garantizar su unidad. La Corona, institución clave de nuestro estado de derecho, como se pudo ver durante el golpe del separatismo catalán, está hoy en el punto de mira del gobierno.

Por un lado, el socio minoritario, Unidas Podemos, está abierta y declaradamente por la instauración de la república y no deja pasar oportunidad para mancillar, criticar o atacar la Jefatura del Estado.  Por otra parte, ni el PSOE ni el presidente del gobierno salen, como es su deber, en defensa de la institución monárquica. El propio presidente del gobierno, en su breve estancia en Moncloa, ha dado múltiples muestras de falta de respeto a la Corona tratando de usurpar su puesto en el protocolo en diferentes actos públicos.

Debilitar el estado de derecho limitando o anulando la independencia del poder judicial o atacando y debilitando la Corona no es una aportación al bien común de los españoles sino todo lo contrario.

Forma de gobernar

El bien común exige de un gobernante que además de perseguir el bien para el conjunto de la sociedad lo haga de una forma respetuosa con sus gobernados. El respeto a los gobernados exige honradez, transparencia, aunar y no dividir.

Un viejo líder socialista puso de moda una frase “los españoles no se merecen un gobierno que les mienta”. Todo gobernado tiene derecho a esperar de sus gobernantes la verdad. Sin embargo, en este punto Pedro Sánchez no se ha mostrado cumplidor. Ganó unas elecciones en las que prometió no pactar con Podemos (no dormiría tranquilo) ni con los separatistas. Hoy es el día que tiene un gobierno de coalición con Unidas Podemos que está sostenido parlamentariamente por todos los partidos separatistas con representación. Es decir, tenemos un gobierno que no solo no actúa contra el separatismo, sino que está sostenido por aquellos cuyo objetivo es la destrucción de la nación española.

Por otra parte, la gestión de la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto el nulo compromiso del presidente del gobierno con la verdad y la transparencia. Hoy es el día en que no hay una cifra oficial sólida sobre las víctimas de esta crisis sanitaria. Hoy es el día en que el gobierno todavía no ha dado los nombres del comité de expertos que dijo haber constituido para la gestión de la pandemia. Hoy es el día en que todavía no sabemos con que criterios se adjudicó el dinero público destinado a lograr el material sanitario necesario para afrontar la primera ola del COVID-19. Hoy es el día en que todavía el gobierno no ha declarado cuando tuvo realmente conocimiento de la presencia del virus en España. Hoy es el día en que el gobierno no deja de utilizar la crisis sanitaria con fines políticos (ej. El acoso a la Comunidad de Madrid).

No parece que Pedro Sánchez pudiera aprobar el listón de Rubalcaba sobre la mentira y el gobierno.

En cuanto a aunar y no dividir la realidad de España dos años después de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno es una sociedad más divida, más enfrentada. El gobierno ha utilizado cuestiones como los restos de Franco, la ley Celaá, la ley de eutanasia, … para abrir debates que dividen a la sociedad, que rompen la cohesión social. Tras una crisis como la vivida en 2020 la nación española lejos de estar más unida y cohesionada para enfrentar los retos del futuro se haya más divida y enfrenta fruto de una forma de hacer política basada en el frentismo.

Balance

No parece, por tanto, que estemos ante un gobierno que haya promovido el bien común en España. No parece que estemos ante un gobierno que haya favorecido la legalidad, la justicia y la prosperidad en España.

Por mentir a los españoles, por dividir a los españoles, por atacar la Corona, por debilitar la independencia judicial, por la ley Celaá, por la ley de eutanasia desde Qveremos sólo podemos esperar que los Reyes Magos traigan CARBÓN a Pedro Sánchez y a todo su gobierno.

Es posible que Pedro Sánchez, fiel a su laicismo declarado, no crea en los Reyes Magos, sin embargo, esto no hará más que aumentar en un saco más la porción de CARBÓN que se merece por el desgobierno del año 2020.